El Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros de hoy un plan para el mercado del alquiler que prevé una línea de microcréditos avalados por el Estado, ayudas directas y la suspensión de desahucios durante seis meses una vez acabe el estado de alarma en determinados supuestos, con una movilización de recursos esperada de unos 700 millones de euros.

El plan incluye una línea de microcréditos avalados por el Estado de unos 100 millones de euros para quienes tengan su piso alquilado a particulares o pequeños propietarios y una moratoria de hasta cuatro meses en el pago de la renta para los inquilinos de grandes tenedores de viviendas.

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Según fuentes del Ejecutivo, toda persona desempleada, afectada por un ERTE, reducción de jornada o autónomo que no llegue al límite de tres veces el IPREM (incrementado por hijos y personas dependientes a cargo), podrá acogerse a los programas de microcréditos. Este programa habilitado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) facilitará créditos sin coste de intereses ni comisiones que se podrán devolver en seis años. Si pasados esos seis años no se han devuelto, se habilitará un plazo adicional de cuatro años más.

Aquellos hogares que no puedan afrontar el pago de los microcréditos dispondrán de ayudas directas del Estado para saldar su deuda con el ICO. La cuantía de la ayuda podrá llegar hasta un importe máximo de 900 euros al mes y hasta el 100% del principal, e intereses del préstamo suscrito, y de 200 euros al mes para atender los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos con el límite del 100% de los mismos.

En el caso de que la vivienda sea propiedad de un gran tenedor o fondo de inversión, el inquilino se beneficiará o de una quita de la deuda del 50% o de una reestructuración de la misma en un plazo de dos o tres años, pudiéndose acoger en todo caso a la línea de crédito del ICO.

Concretamente, el plan que presentará el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana al Consejo de Ministros este martes, tras el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos, contempla un primer punto por el que se determina la paralización de todo proceso de desahucio en hogares vulnerables sin alternativa habitacional durante un periodo de seis meses a partir de la finalización del estado de alarma.