La paralización de la actividad económica, salvo sectores esenciales, ha caído como un mazazo sobre los empresarios gallegos. Critican la "improvisación" del Gobierno y auguran que habrá empresas que tengan que echar el cierre definitivo. La patronal habla de "desesperación" y los autónomos lo ven como "un nuevo castigo". Comisiones Obreras y UGT, sin embargo, respaldan las nuevas restricciones porque hay que anteponer la salud de las personas sobre la economía. No concuerda con ellos la CIG, que ve la actuación del Gobierno "errática" y critica la "incompetencia" de Pedro Sánchez.
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Desde la Confederación de Empresarios de Pontevedra, su presidente, Jorge Cebreiros, se muestra indignado. "Son medidas que solo pueden salir de la mente de gente que no está acostumbrada a gestionar empresas", critica. El responsable de la patronal pontevedresa lamenta la "improvisación" con la que está actuando el Gobierno. "Va de decreto en decreto", censura. Y advierte que no se puede paralizar la actividad de golpe. "Tienen que ser cierres graduales, ajustados a los procesos productivos de cada empresa", insiste. Cebreiros explica, por ejemplo, que hay fábricas que necesitan dos o tres días para paralizar su actividad. "¿Y qué pasa por ejemplo si yo tengo que recibir suministros el lunes. Si llega el transportista lo dejo en la puerta?", se pregunta.
Pero el cierre de actividad no es la única medida que ha enfadado a la patronal de Pontevedra. "Impiden los despidos. Se vulnera la libertad del empresario para gestionar su plantilla", denuncia.
Cebreiros lamenta que el Gobierno trate a las empresas como "insensibles" o "especuladoras". "No es justo. El 99 por ciento no queremos despedir a nadie", asegura.
También le preocupa que los trabajadores tengan permisos retribuidos durante los 15 días de parón de la actividad a cargo de la empresa. "Dicen que los recuperarán después, pero tengo mis serias dudas de que se recupere el 100 por cien de la actividad cuando esto pase. Habrá empresas que no lo van a superar", augura.
La Confederación de Empresarios de Galicia dibuja el mismo negro escenario: "Estas nuevas decisiones amenazan con crear una crisis económica y social sin precedentes, comprometiendo seriamente la salvaguarda del máximo número de empresas y trabajadores".
Los empresarios de Ourense también temen "una destrucción masiva de tejido empresarial y del empleo de manera definitiva". "El Ejecutivo va actuando de forma improvisada, sin previsión y generando con estos anuncios más desconcierto, incertidumbre e inquietud al tejido empresarial", lamenta la patronal ourensana.
Los autónomos también se echan las manos a la cabeza. La Federación de Autónomos de Galicia advierte que la prohibición de los despidos "tendrá como consecuencia mayores costes para las empresas, muchas de las cuales serán forzadas al cierre".
Por su parte, desde la Asociación Gallega de Empresa Familiar mostraron su "estricto compromiso" en el cumplimiento de las medidas adoptadas por el Gobierno, pero rechazaron "cualquier consideración que pueda hacerse sobre actitudes insolidarias del mundo empresarial, a todas luces, inexistentes y que son solo fruto de prejuicios injustos".
Por el lado sindical, CCOO y UGT apoyaron al Gobierno en el cierre económico. "Las medidas se ajustan a las necesidades en el ámbito sanitario. Están encaminadas a proteger la salud de las personas", explicó el secretario xeral de Comisiones en Galicia, Ramón Sarmiento. Esto no significa que no les "preocupe" el impacto que pueda tener sobre la economía "sobre todo debido a la duración de la crisis". Aún así la prioridad número uno debe ser "salvaguardar la salud de la población".
En este mensaje coincide UGT. "El Gobierno ha adoptado una medida que era necesaria. Siguen las recomendaciones de los expertos", señala el secretario xeral de UGT-Galicia, José Antonio Gómez. "Hay que anteponer las personas a la economía", valoró. Reconoció que este parón supondrá un importante impacto económico, pero recordó que empresas como Alcoa podrán seguir funcionando con normalidad porque son servicio esencial.
La CIG se desmarcó de estos dos sindicatos y arremetió con dureza contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusó de "improvisación permanente" e "incompetencia absoluta". En su opinión, la consecuencia serán "cientos de miles de despidos, de ERTEs y de muchos colectivos que quedarán desprotegidos".
