Tras declararse el estado de alarma el pasado 14 de marzo la Xunta dio orden para que la mayoría de sus empleados se quedaran en casa, salvo aquellos que cubrieran servicios esenciales, y debido a la situación de excepcionalidad por el coronavirus decidió dejar de penalizar a los trabajadores de las listas de contratación que no respondiesen a los llamamientos para incorporarse a un puesto en la administración general. Sin embargo, los propios sindicatos admiten que hubo "una desbandada". Muchos inscritos en estas listas renunciaron por miedo al coronavirus. Y, al mismo tiempo, se acrecentaron las necesidades de personal en la Xunta, sobre todo en centros de mayores y discapacitados. De ahí, que la Dirección Xeral de Función Pública haya enviado un aviso a los sindicatos para notificarles que se volverá a penalizar a quien rechace incorporarse.
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La consecuencia para quienes se nieguen será su exclusión de las listas de contratación pública durante el plazo de un año.
"Por razones de urgencia y dada la situación actual de inexistencia de personal disponible, se penalizará a los integrantes de las listas", advirtió Función Pública. Solo quedarán eximidas aquellas personas con patologías previas o enfermedades crónicas, mujeres embarazadas, empleados públicos con hijos menores a cargo o personas dependientes que no tengan posibilidad de organizar turnos con otros cuidadores.
Esto afectará solo a las listas de contratación en la administración general, puesto que en el Sergas nunca dejó de penalizarse. Aún así, el propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, había hecho un llamamiento hace una semana a todos los efectivos de la sanidad para que se incorporaran a trabajar. "Un personal que está en lista de contratación es imprescindible", advirtió.
"Hubo una desbandada de gente, los empleados públicos debemos responder ante una situación así", explica Dina Porral, de la CIG.
Lino Díaz, de UGT, reconoce que hubo "cierta picaresca" alentada en parte porque el protocolo de actuación para el personal de la administración de la Xunta daba pie a una interpretación amplia de las personas que podían quedarse en casa. "Se aludía a circunstancias personales y ahí cabe todo", señala.
"Y hay mucha necesidad de personal porque también se están produciendo bajas", dice José Sánchez Brunete, del CSIF.
