El Gobierno necesita de forma urgente inyectar liquidez a sus arcas para afrontar los formidables gastos -sanitarios, económicos, protección social...- originados por la crisis del coronavirus. El Ejecutivo se ha puesto a buscar en dónde puede rascar fondos y los primeros en su punto de mira son los municipios, las administraciones públicas con las cuentas más saneadas del Estado.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, deslizó en una reunión celebrada el jueves por la noche con los consejeros autonómicos del ramo la pretensión de echar mano del superávit municipal para paliar la falta de recursos y poder satisfacer los pagos inmediatos. La cantidad que se pretende captar se acercaría a los 5.000 millones de euros.

La situación de asfixia del Estado empieza a ser grave y, dada la parálisis económica que vive gran parte del tejido productivo, todo apunta a que se agravará en las próximas semanas. El ingente gasto sanitario y las medidas de protección social y laboral dispararán el gasto, mientras que los ingresos mermarán notablemente. Ante una cuadratura del círculo imposible, el Gobierno ve en los ahorros de los municipios una tabla de salvación a la que no quiere renunciar.

En su intervención, la ministra admitió de la dificultad para arrebatarle ese dinero a los municipios, pero apeló al estado de emergencia nacional para justificarlo. Además hizo hincapié en que la prioridad es satisfacer las necesidades sociales, dando apoyo a la personas vulnerables y evitando que se incremente la desigualdad, y dar cobertura a la atención sanitaria por encima de cualquier otro interés

Según fuentes conocedoras del encuentro, la propuesta de la ministra, esbozada sin detalles, fue acogida positivamente por la mayoría de los consejeros, aunque sí hubo discrepancias sobre qué administración pública debería gestionar esa inyección de fondos. Mientras Hacienda considera que el dinero irá directamente a las cuentas estatales, algún consejero defendió que deberían ser los respectivos gobiernos autonómicos los que tendrían que recibir ese ingreso extra para atender las nuevas y enormes necesidades generadas en cada territorio por la pandemia.

Sin noticias en la Femp

En la comunicación de la propuesta, sin embargo, no se contó con el gran damnificado: los ayuntamientos. Fuentes de la Federación de Municipios y Provincias de España (Femp) aseguraban ayer no tener "ningún conocimiento ni oficial ni oficioso de esa supuesta pretensión de Hacienda. Ningún miembro del Gobierno se ha dirigido a la s para trasladarle esa intención, por tanto, no nos pronunciamos sobre algo que, a día de hoy, no existe".

El Ejecutivo había autorizado a los ayuntamientos a utilizar su superávit en 2020, de forma que la inmensa mayoría ya lo tiene presupuestado en sus cuentas. A falta de conocer el detalle de la propuesta ministerial, en un principio se da por seguro el rechazo de la inmensa mayoría de los alcaldes, más allá de sus siglas partidarias, a perder unos fondos que consideran fruto de su buena gestión.