El Gobierno no recortará el salarios de los funcionarios y empleados públicos españoles, y en ningún caso se ha planteado esta posibilidad, aseguró ayer la ministra portavoz del Gobierno y titular de la cartera de Hacienda, María Jesús Montero, en réplica a algunas informaciones que aseguraban que el ajuste del gasto en la nómina de la función pública podría debatirse en el Consejo de Ministros.
Montero tachó de "falsedad", "bulo" y "mentira" tales versiones, y sostuvo que nunca se ha planteado esa posibilidad y menos, dijo la ministra, cuando los empleados públicos están haciendo un esfuerzo sobrevenido para hacer frente a los efectos de la crisis y para garantizar la prestación de los servicios públicos y, en el caso de algunos colectivos, con alta exposición al riesgo de contagio. El sindicato CSIF ya había desmentido la noticia tras recabar información al Gobierno.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, también tachó de falsedad que el Gobierno central haya impedido a las comunidades autónomas adquirir por su cuenta material de protección sanitaria o que haya requisado e incautado partidas adquiridas por algunos Gobiernos regionales. La compra de material es competencia de las comunidades autónomas y el Gobierno, dijo el ministro, sólo intervino para centralizar adquisiciones y tener mayor capacidad de negociación en los mercados internacionales, en los que, en un contexto de escasez por la elevadísima demanda mundial de ese tipo de productos, los fabricantes internacionales exigen precios altos y pagos por adelantado, y existe una gran competencia entre todos los países por hacerse con partidas.
