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Las inmobiliarias piden exenciones fiscales para quien "perdone" el alquiler

"No se puede tributar por lo que no se factura", clama Fegein | Grandes arrendatarias lanzan una flexibilización en los pagos

Inmobiliaria cerrada en Vilagarcía tras el decreto del estado de alarma. // Iñaki Abella

Inmobiliaria cerrada en Vilagarcía tras el decreto del estado de alarma. // Iñaki Abella

La penetración de las socimis (sociedades cotizadas anónimas de inversión en el mercado inmobiliario) en Galicia es muy limitada en comparación con otros territorios de España, y centrada en grandes áreas comerciales. Lo mismo sucede con los llamados fondos buitre, enormes propietarios de viviendas que dedican en parte al alquiler. En los últimos días varias de estas empresas han lanzado iniciativas destinadas a flexibilizar o retrasar los pagos de sus inquilinos debido al estado de alarma por la pandemia del coronavirus. Lazora, Témpore o Blackstone son algunas de ellas. Pero el caso gallego es muy distinto: en torno al 95% de los inmuebles están en manos de propietarios individuales, según el presidente de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein), Benito Iglesias. Aún así, son muchos los que se han prestado a flexibilizar las cuotas. Pero hay un inconveniente fundamental que desanima a que se lleve a la práctica de forma más generalizada: los impuestos.

"Quien tiene un bajo arrendado, por ejemplo, tiene que tributar por él. No tiene sentido pagar impuestos por un ingreso que no se está produciendo", clama Iglesias. La patronal de inmobiliarias reclama al Gobierno que decrete una exención fiscal para los contribuyentes que decidan "perdonar" las cuotas, o que se contemplen modificaciones a la hora de rendir cuentas al Fisco para los que ofrezcan una moratoria a sus arrendatarios. "Tendría que articularse a través de un Real Decreto. De lo contrario, aunque existiese toda la voluntad del mundo, muchos se lo pensarían". Asegura el responsable de esta federación que buena parte de los propietarios de viviendas o inmuebles en alquiler de Galicia dependen de esas rentas para subsistir. "El Gobierno tiene que entender que muchas personas viven gracias a esos ingresos. El gran problema -agrega- estará en aquellos locales dedicados a actividades económicas", como pequeños negocios o autónomos, buena parte de los cuales llevan cerrados desde el 14 de marzo. Y continuarán así, tras la prórroga del estado de alarma, al menos hasta el 11 de abril. Entre las medidas extraordinarias que se han contemplado para los trabajadores por cuenta propia figura la posibilidad de acogerse al cese de actividad, con la que no deberán abonar las cuotas mensuales. Pero la moratoria de los alquileres no, pese a las reivindicaciones de varias asociaciones de autónomos.

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Entre las consecuencias que también advierte Benito Iglesias figura un debilitamiento prolongado de la capacidad de gasto de los que ahora son inquilinos, y el consiguiente riesgo de impagos. "Se van a endurecer las condiciones para el alquiler, sobre todo a través de las pólizas de seguros". Este es un factor capital habida cuenta de la escasísima oferta de viviendas disponibles para alquiler habitual -no vacacional- en Galicia, por ejemplo. A día de hoy apenas existen 3.200, "pero a finales de abril tendremos unas 2.500. Nunca habíamos tenido una cifra tan baja", agrega, y condena la falta de una "oferta pública de alquiler social" a nivel autonómico. "Estamos cansados de pedir a la Xunta un plan de choque, con 5.000 viviendas de protección oficial. Ahora la mitad de las familias llegan con dificultad a fin de mes, y esta ratio subirá al menos en quince puntos".

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