La Fiscalía de Madrid ha archivado la causa contra la Infancia Libre al no apreciar datos objetivos que aseguren que funcionaba como una organización ilícita, como había denunciado la Policía Nacional, y solo aprecia que dos de sus integrantes sí cometieron delitos pero cuando la asociación ya no tenía actividad. Así lo informó ayer el Ministerio Público, que abrió una investigación sobre la asociación para determinar si se trata de una organización criminal dedicada a presentar denuncias falsas por abuso sexual, como le trasladó la Policía Nacional tras investigar una veintena de casos similares, todos en Madrid y Granada salvo uno en Barcelona.
Para la Policía Nacional, Infancia Libre funcionaba como una trama criminal que animaba a madres a denunciar a sus exparejas, acusándolas de abusar de sus hijos, con la connivencia de profesionales como una doctora, una abogada y un psiquiatra. Mientras, no permitían a los padres ver a sus hijos.
La investigación comenzó con la detención el 1 de abril de 2019 de la presidenta de la asociación, María Sevilla, por un presunto delito de sustracción de menores. Tras ese arresto, la Policía detuvo a Patricia G.A. por presuntamente mantener secuestrada a su hija durante casi dos años sin permitir ver a su padre ni estar escolarizada; a Ana María B.V. por incumplir el régimen de visitas; y llevó ante un juzgado de Granada a la vicepresidenta de Infancia Libre, Rocío de la Osa, por no haber comparecido ante el juez repetidamente.
La Fiscalía concluye que no se ha podido establecer una conexión "directa" entre la asociación y muchas de las mujeres que interpusieron denuncias falsas, y además la mayoría de los casos se presentaron en fechas anteriores a la constitución de Infancia Libre o cuando ésta ya no tenía actividad.
