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Propiedades ecleasiásticas

La Iglesia obtuvo la titularidad de 30.000 bienes inmuebles en sólo dos décadas

El Estado podría reclamar la propiedad de al menos 3.168 bienes de interés cultural inmatriculados por la institución católica

La Iglesia ha ampliado su patrimonio en los últimos años. Shutterstock

Fue la Ley Hipotecaria de 1946 la que permitió a la Iglesia inscribir a su nombre cualquier bien inmueble -a excepción de los templos de culto- sin presentar documentación alguna, sino tan sólo con la firma de un obispo, que acreditara su propiedad. Aquel beneplácito de la dictadura franquista hacia la institución religiosa abrió la veda a las polémicas inmatriculaciones, tal y como se denomina el procedimiento administrativo para registrar una propiedad por primera vez. De esta forma, iglesias, ermitas, catedrales, pero también terrenos, plazas, casas parroquiales, frontones y cementerios de titularidad pública pasaron a ser propiedad de la Iglesia, diócesis, parroquias, entidades u órdenes religiosas.

Tal privilegio no sólo no fue derogado hasta bien entrada la democracia, en el año 2015, sino que anteriormente llegó a ser refrendado mediante la reforma de 1998 impulsada bajo el Gobierno de José María Aznar, para eliminar la excepción y permitir inscribir también los templos de culto.

Aunque se desconoce el número de inmatriculaciones que la Iglesia ha realizado desde 1946, según el listado que el Colegio de Registradores entregó al Gobierno en febrero de 2018, sólo entre 1998 y 2015, la Iglesia obtuvo la titularidad de más de 30.000 propiedades durante ese periodo. Entre su patrimonio destacan las catedrales de Sevilla, Burgos y Toledo, Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco, o la Mezquita-Catedral de Córdoba, que mantuvo su titularidad pública durante doce siglos hasta que la Iglesia la registró como suya en 2006. Gestionada por la diócesis de Córdoba, es hoy uno de los monumentos más visitados de España y la entrada cuesta 10 euros.

Vista de la Mezquita-Catedral de Córdoba sobre el río Guadalquivir.Shutterstock

Ese listado, elaborado por la aprobación de una proposición no de ley del Congreso de los Diputados, no ha sido publicado. A pesar de la orden del Consejo de Transparencia, que en septiembre dictaminó que dicho informe debe hacerse público, el Ministerio de Justicia ha recurrido esta resolución. Y es que el Gobierno asegura que el registro de bienes inmatriculados por la Iglesia Católica está siendo revisado y que además se está preparando un informe jurídico sobre las posibles actuaciones que podrían llevar a cabo para reclamar dichas propiedades.

Recuperando, la Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia Católica, lleva años reclamando un listado completo que incluya todas las inscripciones realizadas desde 1946. Según los cálculos de esta asociación, los bienes inmatriculados por la Iglesia católica podrían ascender a más de 100.000 desde entonces.

La publicación del listado permitiría al Gobierno, Ayuntamientos y afectados iniciar un proceso para reclamar la titularidad de los inmuebles inmatriculados

Su publicación permitiría al Gobierno iniciar un proceso para reclamar la titularidad en caso de comprobar la inscripción de bienes de dominio público o en los que no se haya demostrado su titularidad. Así, podría litigiar por la titularidad de los 3.168 bienes inmuebles reconocidos como bienes de interés cultural y que aparecen en la última Memoria de Actividades de la Conferencia Episcopal. Además, los Ayuntamientos y particulares afectados podrían exigir los inmuebles expoliados. Por ello, es de esperar que cuando se haga público el listado, comiencen los pleitos por toda España, puesto que en muchos municipios se desconoce qué bienes han sido inmatriculados por la Iglesia.

Ante la negativa del Gobierno, la plataforma Recuperando, que aglutina a más de una veintena de colectivos ciudadanos, estudiará medidas legales o administrativas para hacer público el listado, tal y como determinó el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en virtud de las leyes que garantizan el derecho ciudadano al acceso a la información pública. "El Ejecutivo busca blindar, de facto, uno de los privilegios de la Iglesia católica, gracias al cual, los obispos han registrado decenas de miles de bienes, entre ellos la Mezquita de Córdoba o la Giralda de Sevilla, con su única autocertificación y sin aportar títulos de propiedad. Pedro Sánchez actúa, de forma inaudita, contra las decisiones de su propio partido, que en 2017 aprobó una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados instando al Gobierno a publicar la lista de inmatriculaciones. Asimismo, acaba de incluir en su programa electoral la recuperación de los bienes de dominio público inscritos por la Iglesia", denuncian desde Recuperando.

Protestas frente al Arzobispado de Pamplona.EFE

La coordinadora indica que en algunos casos, la Iglesia podrá demostrar con documentación que esos inmuebles son de su propiedad, pero en otros casos, especialmente "en los bienes seculares, construidos y financiados por el pueblo, las instituciones tendrán que actuar y reclamarlos porque deberían ser de dominio público", asegura su portavoz Juan José Picó.

Y aunque el procedimiento se antoja complejo, no es imposible. De hecho, ya hay un precedente. La iglesia San Juan de los Panetes, situada frente a la Basílica del Pilar, en Zaragoza, fue declarada monumento histórico-artístico de interés nacional en 1933 y en 1989, el arzobispado inmatriculó el templo. En una resolución de diciembre pasado, se determinó que se trata de "un bien de titularidad de la Administración General del Estado", tal y como aparecía en los boletines oficiales de los años cincuenta, y recuperó la iglesia, que ha sido inscrita ya como propiedad del Ministerio de Cultura.

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