Tras dos días y medio de deliberaciones, el jueves por la noche, el jurado que dirimirá si José Enrique Abuín Gey, El Chicle, es condenado por un asesinato, rapto y violación, como piden las acusaciones, o por homicidio, por haber matado a Diana Quer involuntariamente, como demanda su defensa, llegó a un dictamen, que debía leerse, en teoría, ayer por la mañana a las diez. Sin embargo, el presidente del tribunal del jurado, el magistrado Ángel Pantín, les devolvió el acta de veredicto, con la conformidad de todas las partes acusaciones y defensa, tras una vistilla a puerta cerrada, al entender que existen "errores formales" y posibles "contradicciones" y que es necesaria una "mayor fundamentación".

Así lo trasladaron fuentes judiciales y el letrado de Juan Carlos Quer, padre de Diana, Ricardo Pérez Lama. Este, no obstante, sin entrar en detalles -el sentido del dictamen, dijo, es "materia reservada"- indicó que "simplemente" se ha pedido a los nueve integrantes del jurado, cinco hombres y cuatro mujeres, "que motiven más" sus deliberaciones. Por su parte, el padre de la joven madrileña mostraba, antes de conocer la devolución del acta, su esperanza en que "se haga justicia" y así lo reiteró - "sigo confiando en la justicia", señaló- tras conocer la devolución del dictamen. Asimismo, agradeció a todos los españoles "las muestras de solidaridad y apoyo".

Hoy se han emplazado todas las partes de nuevo al juzgado a la misma hora, a las diez, para ver si el jurado ha tenido tiempo para abordar las cuestiones donde se han detectado carencias -"bastantes", según fuentes judiciales- y que el magistrado, también tras consultar a las partes, les facilitó ayer para que puedan revisarlas. En todo caso, mañana, domingo, podría seguir la deliberación, que obliga a mantener a los integrantes del tribunal juntos y aislados.

No es inusual que el presidente de un tribunal del jurado decida devolver un veredicto al jurado porque detecte alguna carencia que subsanar. Ocurría a principios de este mes en Alicante, en el juicio por el asesinato de María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de Caja Mediterráneo Vicente Sala. La ley que regula esta figura establece que el magistrado-presidente devolverá el acta al jurado si aprecia, entre otras razones, que este no se ha pronunciado sobre la totalidad de los hechos; sobre la culpabilidad o inculpabilidad de todos los acusados y todos los hechos delictivos imputados o si los diversos pronunciamientos son contradictorios -una de las razones alegadas en el caso Diana Quer-, "bien los relativos a los hechos declarados probados entre sí, bien el pronunciamiento de culpabilidad respecto de dicha declaración de hechos probados", lo que no ha trascendido. Si tras tres devoluciones no se remedian los problemas detectados, toca repetir el juicio con un nuevo jurado.