Una asociación madrileña aunció ayer la primera demanda colectiva contra el supuesto acuerdo de precios entre las editoriales de libros de texto no universitarios. La Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) Francisco Ginerde los Ríos, que a su vez engloba a 800 AMPAS y a unos 200.000 asociados en la Comunidad de Madrid, anima a las familias de toda España a sumarse a esta iniciativa. La demanda se basa en la sanción dictada el pasado mes de mayo por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) a una treintena de editoriales y a la Asociación Nacional de Editores de Libros de Texto (Anele) por reducir la competencia y pactar precios. La sanción ascendió a casi 34 millones de euros.
El presidente de la FAPA Giner de los Ríos, Camilo Jené, aunció una campaña de adhesiones que se pondrá hoy en marcha a través de la página web de la entidad. Esta entidad anima a todas las familias que se sientan perjudicadas. "Debemos recuperar ese dinero que de alguna manera nos han robado", dijo Jené, que calculó que las editoriales se han ahorrado 80 millones de euros en gastos de promoción y que los sobrecostes serían superiores a 1.200 millones de euros, unos 214 euros por curso entre los años 2012 y 2018. La multa impuesta por la CNMC ascendió a 33,88 millones de euros. "Les sale muy barato incumplir la ley y eso es lo que no podemos permitir, la Justicia debe prevalecer y [las editoriales] deben pagar lo que nos han ido quitando poco a poco a todas las familias", dijo ayer el presidente de la FAPA Francisco Giner de los Ríos.
La que será la "primera demanda colectiva por daños de competencia", según los abogados de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, del despacho jurídico Global CS, se basa en que, de acuerdo con la resolución de la CNMC del pasado mayo, las editoriales de los grupos Santillana, Anaya, SM, Edelvives, Oxford University Press, Macmillan, Mc Graw Hill, Pearson y Algar Libros llevaron a cabo la "fijación, desarrollo y aplicación de una conducta sectorial" y la fijación del precio de los libros de texto electrónicos, según el director general de Global CS, Ignacio Valderas. Este contrapuso el leve incremento de precios en el caso francés: "En España algunas editoriales han incrementado el precio del ejemplar entre un 3.8 y un 4.2 por ciento, cuando en Francia está entre el 0.3 y el 0.8% anual", aseguró Valderas en declaraciones a TVE.
Precisamente la Federación Olívica de Asociacións de Nais e Pais de Alumnos de Vigo (Foanpas), abordó ayer esta cuestión en la reunión de su junta directiva. Su portavoz, Bertila Fernández, señaló a FARO que las editoriales "han hecho un acuerdo [de precios] que no es ético,y las familias que quizá han sido estafadas tienen derecho a que se les devuelva el dinero. Será un proceso largo, pero moralmente los apoyamos", anticipó, sin descartar que en el futuro Foanpas se sume a la demanda tras recabar más información sobre ella. "Estamos de acuerdo con la iniciativa", dijo Bertila Fernández, que recordó que su federación reivindica "el sistema de préstamo y la gratuidad universal". Además, de cara al libro digital, reclamó que la Administración tomase las riendas de las plataformas de libros de texto digitales.
Negativa de Anele
Por su parte, la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (Anele) ha asegurado que ni la propia entidad ni ninguna de las empresas asociadas han cometido ninguna infracción de la normativa de competencia, a pesar de haber sido sancionadas por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), al tiempo que ha negado los "sobrecostes" en los libros de texto. "Como hemos mantenido desde el inicio de la investigación abierta por la CNMC, ni Anele ni ninguna de las empresas asociadas han cometido infracción alguna de la normativa de competencia", ha subrayado Anele en un comunicado, al tiempo que ha negado haber participado en prácticas prohibidas por el art. 1 de la Ley 15/2007 y el art. 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
Sin embargo, los demandantes creen que en menos de un año podría haber sentencia, y que las familias que han comprado libros de texto escolares en los últimos seis años podrían recuperar en torno a 800 euros en el caso de tener dos hijos.
