Vicepresidencia de la Xunta anunció ayer que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Caldas de Reis admite la personación del Gobierno de Galicia como acusación popular en el triple asesinato de Valga, en el que fallecieron Sandra Boquete, Alba Boquete y Elena Jamardo.
Dicho departamento recuerda que desde 2013 la Xunta dispone de "un protocolo para el ejercicio de la acción popular en los procedimientos penitenciarios en casos de muerte por causa de violencia de género", elevándose ahora a 17 los procedimientos en los que se personó.
La Administración autonómica aprovecha para indicar que además de las acciones judiciales, en la misma línea que las emprendidas por el Concello de Valga, está "manteniendo un contacto constante con los servicios sociales municipales y con el entorno familiar de las mujeres asesinadas prestándoles asesoramiento y apoyo integral, especialmente a los menores que quedaron huérfanos".
A este respecto, apuntan que "desde el primer momento" no solo se movilizó el equipo de menores, sino que también "se desplazó al lugar de los hechos el Grupo de Intervención Psicológica en Catástrofes y Emergencias, que presta apoyo especializado en casos de violencia de género".
Al repasar las acciones emprendidas se hace alusión, igualmente, al respaldo psicológico que se brinda a los familiares de las víctimas "al amparo del convenio que mantiene la Xunta con el Colegio Oficial de Psicología de Galicia, cuyos especialistas son también los encargados de atender a los menores".
