La pasada semana, el presidente de EE UU, Donald Trump, canceló una visita oficial a Dinamarca prevista para septiembre, enfadado por la negativa de la primera ministra danesa, la socialdemócrata Mette Frederiksen, a negociar la venta de Groenlandia, la mayor isla del mundo. Frederiksen, que calificó de "absurda" la propuesta de Trump y precisó que Groenlandia y sus 57.000 habitantes no están en venta, se quedó perpleja ante la reacción del magnate. De hecho, no se había tomado del todo en serio la iniciativa de Trump. Otros políticos daneses dieron el salto al enfado, calificaron la cancelación de ofensa y resaltaron que la invitación había sido hecha por la reina Margarita en persona.
Pero la propuesta de Trump estaba lejos de ser una broma. En realidad, algunos medios estadounidenses revelaron que había pedido a sus asesores que averiguasen si era posible la compra, asunto que le obsesionaba desde hacía semanas. El mandatario, que consideró "desagradable" la calificación de "absurda" atribuida a su oferta, resaltó que la compra de Groenlandia sería "estratégicamente interesante" y en esencia la definió como "un gran negocio inmobiliario". Algunos altos cargos de su administración argumentaron incluso que EE UU ya cerró tratos similares en el pasado, como la compra de Luisiana a Francia (1803), la de Alaska a Rusia (1867) o la de las Islas Vírgenes a la propia Dinamarca (1917). No obstante, Frederiksen le recordó que en el siglo XXI "los países no se compran".
Lo cierto es que Trump cuenta con buenas razones para ambicionar Groenlandia, donde EE UU tiene desde la II Guerra Mundial una base militar, la de Thule, situada mil kilómetros al norte del Círculo polar ártico. Groenlandia alberga numerosos recursos naturales, cada vez más fáciles de extraer a medida que el calentamiento global acelera el deshielo del casquete polar. Además, la fusión de los hielos está abriendo nuevas rutas marítimas que acortan de modo espectacular los plazos de transporte. Por si fuera poco, el lugar es ideal para rastrear misiles balísticos. En suma, Groenlandia es un punto estratégico en la batalla que libran EE UU, Rusia y China por el control del Ártico. Una dura batalla económica y geopolítica que, ante la atenta mirada de China, se discute en el Consejo Ártico, integrado por Canadá, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Rusia, Suecia y EE UU.
Rusia, que desde el siglo XIX ha estado investigando y cartografiando la zona en busca de enlaces entre el norte de Europa y el Pacífico, cuenta con una creciente presencia militar y civil en el Ártico que inquieta a EE UU. La gran baza rusa es la Ruta del Mar del Norte, la vía ártica más transitada, que permite enlazar la Europa septentrional con China a través del estrecho de Bering y transcurre en su integridad por aguas territoriales rusas. Moscú concibe el Ártico como territorio propio y está dispuesta a ser la única superpotencia regional de la mano de una poderosa flota nuclear. Pero la realidad es que Rusia no es la única potencia ártica. Islandia, por ejemplo, apoyada por EE UU, codicia la ruta Transpolar, aún más corta que la del Norte, que le da acceso directo al Pacífico, aunque todavía presenta dificultades de navegación en lo más duro del invierno.
Al margen de la batalla geoestratégica, se estima que en el Ártico está un 13% de las reservas petroleras por descubrir. En los años 60 se encontraron en Siberia occidental gigantescos yacimientos de crudo que mantienen a Rusia entre los países del mundo con mayores reservas petroleras. En junio pasado, pese a los esfuerzos globales por desarrollar combustibles alternativos, las autoridades groenlandesas presentaron su plan para convertirse en nación petrolera. Ya en 2013, el parlamento groenlandés levantó la prohibición, que llevaba 25 años en vigor, a la minería de materiales radioactivos como el uranio. Como consecuencia, la isla alberga en Narsaq la mayor mina de uranio a cielo abierto de todo el mundo, impulsada por China a través de una empresa australiana.
Groenlandia posee también un 30% de las reservas estimadas de "tierras raras", minerales indispensables para las nuevas tecnologías, incluida la producción de automóviles eléctricos. Y este es otro gran frente de batalla. China produce el 70% de las "tierras raras" del mundo -la UE cubre el 90% de sus necesidades con importaciones chinas- y es el principal accionista del mayor proyecto groenlandés del sector, las minas de Kvanefjeld, en las que EE UU ha intentado involucrarse sin éxito.
China ha logrado además preacuerdos para construir tres nuevos aeropuertos en la isla, aunque ha tenido que aceptar que Dinamarca aportara la mitad de la financiación. Una precaución de Copenhague para evitar que Pekín monopolice el uso de esas pistas, ampliando su penetración en la economía local, y llegue incluso a dar un uso militar a unas instalaciones situadas en territorio de un miembro de la OTAN.
Este complejo juego de intereses se desarrolla en una isla más de cuatro veces mayor que España, pero poblada por apenas 57.000 personas. La mayoría de ellas (87%) son indígenas de ascendencia diversa, aunque básicamente inuit, mientras que el resto procede sobre todo de Dinamarca. En 1953, Groenlandia dejó de ser colonia danesa para integrarse en el país en igualdad de condiciones jurídicas con el resto del territorio. Posteriormente, en 1979, obtuvo una autonomía que la dotó de su propio Gobierno y Parlamento. En 2008, todas las competencias, salvo Asuntos Exteriores, Seguridad y Política Financiera, le fueron transferidas por Copenhague, que aporta el 60% de los fondos que nutren su presupuesto.
Mientras los EE UU de Trump coquetean con la idea de hacerse con su tierra, los groenlandeses, estimulados por las nuevas perspectivas abiertas por el deshielo, tienen cada vez más claro el objetivo de la independencia, que querrían ver cumplido en los próximos años. Aunque dado el interés de otros países por tener influencia en la isla no está claro que su independencia total sea posible.
