La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, respalda la iniciativa de Justicia para que la Fiscalía "investigue" las denuncias presentadas en los últimos meses en España contra agencias de gestación subrogada. Durante una visita a la Fundación para la Investigación y la Innovación Biosanitaria del Principado de Asturias (Finba), Carcedo declaró que "la Fiscalía tendrá que decir en qué condiciones trabajan estas agencias, teniendo en cuenta que en nuestro país esa práctica está prohibida por la Ley de reproducción humana asistida y que bordea algunas cuestiones éticas sobre las que ya se ha puesto el acento desde el Parlamento Europeo".
La ministra añadió que "existe un informe del Comité de Bioética que depende del Ministerio de Sanidad, que también recomienda que se regule está situación a nivel internacional y que se ponga el foco en los convenios hechos por personas particulares con agencias de otros países".
Rocío Jorge y su esposo son una de las parejas que han recurrido a esa fórmula y que permanecieron atrapadas en Kiev durante meses sin poder inscribir como españolas a sus mellizas, Mónica y Daniela, nacidas de una madre de alquiler ucraniana. Regresaron a España a mediados del pasado mes de junio y Rocío Jorge cuenta desde Madrid, donde la familia tiene su domicilio, que las niñas aún no figuran en el Registro Civil: "Mis hijas son extranjeras en el país de su padre". Sobre la investigación que planea sobre las agencias intermediarias en la gestación subrogada Rocío Jorge plantea que "tal vez el Gobierno tenía que haber empezado por ahí, en vez de dejar en vilo a un centenar de bebés y a sus familias", al negarles la nacionalidad española y obligarlos a viajar a España como ucranianos.
"Todo es humo", sostiene Rocío Jorge, convencida de que las acciones contra las agencias tienen pocos visos de prosperar. "Las agencias solo ponen en contacto a las familias y a las clínicas, todas con base en Ucrania" e insiste en que en Ucrania los vientres de alquiler son legales. "España no tiene potestad alguna en un Estado soberano como Ucrania", afirma.
Rocío Jorge está convencida de que el cerco a las familias españolas que recurren a la gestación subrogada en Ucrania no es más que "una campaña política feminista". "No hay explotación de mujeres en Ucrania, todo es legal, lo mismo que en Estados Unidos y Canadá", añade, y cuestiona que el Gobierno no persiga a quienes recurren a la gestación subrogada en esos dos países, entre los que cita a aristócratas, artistas y periodistas.
Daniela y Mónica tienen abierta una demanda de filiación. Una de las pequeñas requiere tratamiento médico por una patología cardiaca. Antes de ser inscritas como hijas de su padre español hay que probar la paternidad con el ADN y debe celebrarse un juicio, que puede alargarse ente 6 y 12 meses, según Rocío Jorge. Su marido aún no ha cobrado la baja por paternidad. "Allí nos bloquearon la salida de las niñas y aquí nos bloquean el tema económico", se queja Rocío Jorge, que una vez reconocida la filiación de las niñas podrá iniciar los trámites para adoptarlas. "El Gobierno no atiende al interés superior del menor", lamenta.
Silvia Fernández, con un caso similar, regresó con su niña hace un mes, tras permanecer cinco meses en Kiev intentando tramitarle la nacionalidad española. "Lo que yo he vivido no tiene nada que ver con lo que están contando, pero si hay agencias que cometen ilegalidades que vayan contra ellas", comenta sobre la investigación promovida por el Ministerio de Justicia. "La chica que nos hizo la gestación lo hizo voluntariamente, me consta porque tengo relación con ella", asegura, y opina que la nueva actuación del Gobierno "es una medida de cara a futuras elecciones". Silvia Fernández afirma que muchas familias españolas siguen esperando meses en Ucrania para salir con sus bebés. Ella y su marido estuvieron cinco meses "tirados y con poca ayuda; los políticos nos dejaron a la deriva".
La Fiscalía confirma que investigará la actividad de una agencia de gestación subrogada ucraniana que ofrece sus servicios en España a través de una filial. El Gobierno ve posibles indicios de delito en esta empresa, cuya matriz ya está siendo investigada en Ucrania. Será la Fiscalía de la Audiencia Nacional quien se encargue de estas investigaciones, después de que el lunes la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, trasladara a la Fiscalía General del Estado posibles indicios de delito en la actividad de determinadas agencias.
Delgado aseguró que no se está investigando ni a padres ni a menores, sino solamente a algunas agencias, "no a todas", aunque no precisó cuántas. No obstante, ayer el Ministerio Público detalló que la denuncia de la ministra se refiere a una agencia que ofrece servicios de gestación subrogada en Ucrania, la cual tiene una sede en España que oferta sus servicios a través de una web.
A pesar de que la gestación subrogada es legal en Ucrania, la justicia de ese país está investigando a la empresa, que entra ahora en el foco de la Fiscalía española, por los presuntos delitos de tráfico de personas, falsedad documental, transferencia ilegal de personas a través de frontera estatal y evasión fiscal, tipificados en el Código Penal ucraniano.
