El poeta Miguel Hernández fue sometido a un consejo de guerra y juzgado a muerte en marzo de 1940. El secretario de aquel tribunal fue el alférez Antonio Luis Baena Tocón. Estos son hechos históricos, que están perfectamente documentados. Pero ahora, en una insólita decisión, la Universidad de Alicante ha borrado las referencias a Baena -sustituyendo su nombre por las iniciales en los textos y eliminándolo de los buscadores- en dos artículos sobre el proceso al poeta escritos por Juan Antonio Ríos Carratalá, catedrático de Literatura Española de esa misma universidad. La medida se ha ejecutado a petición del hijo de Baena, José F. Baena, que se ampara en la Ley de protección de datos personales para reivindicar el "derecho al olvido" de su progenitor. Una decisión que ha provocado estupor en el ámbito académico, donde varios historiadores consideran que se trata de un grave atentado a la profesión.

La controversia obligó ayer al rector de la Universidad de Alicante, Manuel Palomar, a convocar una rueda de prensa para informar sobre el proceso. Durante su intervención, Palomar mostró su voluntad de revertir el proceso, aunque confirmó que la supresión de los datos personales de Antonio Luis Baena Tocón se mantiene, y que no se volverá a indexar su nombre en las redes de la universidad para facilitar la búsqueda a los investigadores.

Juan Antonio Ríos Carratalá, el investigador cuyo trabajo ha sido cercenado por la decisión de su universidad, ya ha confirmado que va a recurrir la decisión. "Llevo 37 años de profesor, treinta libros y jamás me había pasado nada similar", reconoce el catedrático, un investigador con una sólida trayectoria en los estudios sobre cine, teatro y los ámbitos culturales durante la Guerra Civil y el franquismo. Ríos Carratalá revisó el consejo de guerra contra Miguel Hernández en varios artículos y en el libro "Nos vemos en Chicote: imágenes del cinismo y el silencio en la cultura franquista", publicado en 2015.

"No soy experto en leyes, actúo con el sentido común del historiador de toda la vida: no se puede falsear el dato, ser inexacto o insultar. Pero hablamos de poner el nombre de alguien que participó en un consejo de guerra, en un acto público", precisa el catedrático. La documentación relativa al proceso, aclara, está depositada en archivos públicos, en concreto los archivos militares de Madrid y Segovia, y se conoce desde hace tres décadas. De hecho, Juan Guerrero Zamora ya trabajó sobre esa documentación en el libro "Proceso a Miguel Hernández. El sumario 21.001", publicado en 1990. Aparte, el catedrático señala que contactó con el hijo del alférez para que concretara o ampliara los datos sobre su padre, pero no obtuvo otra respuesta más que la petición para retirar el nombre.

Estupor

En los ámbitos universitarios, la decisión de la Universidad de Alicante ha causado estupor. El historiador Enrique Moradiellos, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura y Premio Nacional de Historia, considera que hay una extralimitación por parte de la Universidad de Alicante. "Sin conocer en profundidad el asunto, mi primera reacción es de sorpresa. Intervenir sobre un artículo académico de un profesional me parece raro, es muy extraño. La universidad no es una institución entre cuyas funciones esté la de impartir justicia; creo que se puede haber extralimitado, y extralimitarse en una cuestión de este tipo es un caso grave".

El historiador Juan Carlos de la Madrid, con una extensa bibliografía que incluye una veintena de libros y diversos artículos, considera necesario regular de una manera más precisa el uso de datos: "En España somos famosos por restringir el acceso a documentos mucho más tiempo que en otros lugares. Si hay un documento, o un conjunto de documentos, que se pueden consultar en un archivo, entiendo que se pueden utilizar también. Hay que deslindar qué datos pueden utilizar los investigadores y qué usos tendrían".

Francisco Javier Fernández Conde, catedrático emérito de Historia Medieval, alerta de que este proceso supone un precedente peligroso: "Es una decisión que me sorprende y me parece grave. No tiene nombre. Un historiador tiene derecho a exponer los datos que encuentra tal y como los encuentra: el historiador tiene que interpretar los hechos, ni omitirlos ni falsearlos".

En la misma línea, la historiadora Ana Fernández considera que la medida de la universidad es "absurda" y que la Ley de protección de datos no es aplicable en un caso así: "Se trata de un hecho histórico, por encima del derecho a la protección de datos está el derecho a la investigación histórica y a conocer nuestro pasado".

"Está fuera de lugar"

Por último, Andrés Trapiello, que también analizó el proceso contra Miguel Hernández en su libro "Las armas y las letras", califica la decisión de la Universidad de Alicante de "disparate": "Vetar o censurar o intentar modificar lo que ha pasado, por una razón u otra, está fuera de lugar. Si se le da amparo académico, todavía es más grave. Si alguien, por razones puramente personales, quiere desvincularse del pasado a título personal, está en su derecho. Si, por ejemplo, las hijas de quien supuestamente fue uno de los asesinos de Lorca quieren cambiarse el nombre, pueden hacerlo. Una cosa es tomar decisiones que les atañen a ellas, personalmente, y otra tomar decisiones que afecten al conocimiento de todos".