Verónica tenía 32 años, un hijo de 4 y un bebé de meses. Su exnovio se entregó a primera hora de la tarde de ayer a la Guardia Civil, pero ya era el principal sospechoso de la difusión de imágenes de contenido sexual grabadas hace cinco años y protagonizadas por Verónica y que acabaron provocando el suicidio de la mujer, trabajadora de la marca fabricante de camiones y furgonetas Iveco, que no pudo aguantar la presión de saber que esas imágenes habían sido compartidas entre cientos de compañeros de trabajo. El exnovio, tras entregarse quedó en libertad sin cargos unas horas después, tras declarar.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Alcalá de Henares ha abierto "diligencias previas por la presunta comisión de un delito de descubrimiento y revelación de secretos". Pero los expertos consultados por este diario han advertido del posible archivo de la causa, ya que es necesaria la denuncia de la víctima, y Verónica no había denunciado.

Los vídeos empezaron a circular hace semanas y con ellos los cuchicheos y las bromas en la planta de automóviles Iveco de San Blas-Canillejas, en Madrid, donde trabajan el exnovio de Verónica, ella y también su cuñada, que se enteró de lo que estaba pasando. La situación se fue volviendo cada vez más tensa e insoportable para la mujer, que el sábado no pudo más y optó por quitarse la vida en su propia casa, en Alcalá de Henares. Las investigaciones y la apertura de la causa son de oficio, al haberse producido una muerte en esas circunstancias. Pero va a ser difícil que la causa siga adelante.

Javier Teruelo, catedrático de Derecho Penal y experto en violencia de género, asegura que el principal problema es que las personas que difunden este tipo de vídeos "no piensan que es un delito penal que puede conllevar hasta dos años de cárcel", una pena que se ajusta al daño que se considera que causa, además de las indemnizaciones y otras penas accesorias que pueda imponer quien juzgue.

Este tipo de investigaciones tienen un problema añadido, y es que "la distribución de este tipo de material es masivo, con lo que es materialmente imposible considerar como investigadas a cientos o miles de personas como investigadas", añade el experto.

Pero todas estas circunstancias adquieren otro cariz en el caso de Verónica, porque es extraordinario. "No es habitual que la víctima se suicide. De hecho, casi nunca ocurre. Estadísticamente, esta reacción es anómala", indica el profesor Teruelo. " esta anomalía puede provocar que el caso se archive. "El Código Penal no castiga el suicidio, sino la difusión de imágenes íntimas".

Teruelo añade que "el problema es que es imprescindible que la persona perjudicada lo denuncie, salvo en casos de incapacitación o que sea menor de edad. Y esta mujer no presentó denuncia".

Aún así, la Fiscalía también ha abierto diligencias, y la Agencia Española de Protección de Datos ha iniciado una investigación de oficio. Una de las líneas de las pesquisas es saber si hubo algún tipo de amenazas por parte del exnovio hacia la víctima. En c ualquier caso, el caso de Verónica ha removido conciencias en la sociedad. Aunque escasamente todavía, según los expertos. "Esto es terrible, gravísimo. Se nos está yendo de las manos. La semana pasada las niñas de Avilés (de imágenes de medio centenar de menores desnudas o en ropa interior), y ahora esto". Quien habla es Sonia de la Paz Fernández, abogada, experta en redes sociales y nuevas tecnologías y presidenta de Mujeres en Igualdad.