Las víctimas de violación en Reino Unido tendrán que entregar sus teléfonos móviles a la Policía, según unas nuevas directrices que han generado todo tipo de críticas por la intromisión en la privacidad que supone y por el temor a que pueda implicar una condición 'sine qua non' para proseguir las investigaciones. La Policía británica ha defendido que las autoridades tienen la obligación de abrir todas las líneas de investigación posible y que siempre mediará consentimiento para un análisis limitado de los dispositivos.