El abogado del exgerente de la Fundación Cela, Tomás Cavanna, aseguró ayer que negoció una indemnización con una cifra "intermedia" basándose en que "ya había sentencias de improcedencia anteriores" en despidos de trabajadores de la entidad.

Así lo dijo durante su declaración judicial en la vista que se celebra en la sede compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña por supuesta malversación de fondos en la Fundación Cela, y en la que está acusada la que entonces era su presidenta, Marina Castaño, así como el propio Tomás Cavanna, el exconselleiro Dositeo Rodríguez y su hija, Covadonga Rodríguez.

A preguntas de los letrados, el abogado, Manuel López, explicó que en aquel momento, en 2010, para decretar un despido por causas objetivas era necesario "hacer entrega" del finiquito con la comunicación y que, ya que sabían que la fundación "no tenía liquidez", existía "el riesgo de que se declarase nulo o improcedente".

Entre la indemnización que le correspondería en caso de ser declarado objetivo, de 96.000 euros, y los "más de 200.000" que serían de considerarse improcedente, el abogado y Tomás Cavanna reclamaron a la Fundación una cantidad "intermedia" de 150.000 euros, lo que correspondería a unos 30 días por año trabajado.

Esta cifra, apuntó el letrado, se exigió como mínima a la Fundación teniendo en cuenta que "ya había sentencias de improcedencia anteriores" y que a otros empleados se les había despedido con indemnizaciones de hasta "39 días por año". Para ello, el letrado redactó varias cartas de despido como "borradores", que incluían distintas causas de despido, aunque siempre la cantidad mínima reclamada por Cavanna. Estas cartas fueron incautadas durante un registro policial en la sede de la Fundación.

Una jornada más, las partes volvieron a renunciar también a varios de sus testigos.