03 de abril de 2019
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Actualizado: 29-03-20 23:00h

Altos cargos de la Xunta enmarcan en el plan de ajuste el despido de Cavanna

Oitavén y Fernández-Campa, testigos de las defensas, apuntalan la tesis de que no hubo malversación en la Fundación Cela - La entidad llevaba cinco años acumulando pérdidas

03.04.2019 | 01:44
Marina Castaño, a su llegada a los juzgados. // X.A.

Dos altos cargos de la Xunta de Galicia, Xesús Oitavén y Antonio Fernández-Campa, enmarcaron en el plan de ajuste y viabilidad diseñado para la Fundación Camilo José Cela el despido en 2010 del exdirector gerente de la entidad, Tomás Cavanna, que está siendo juzgado como un posible caso de malversación de fondos públicos.

Cavanna fue cesado al frente de la Fundación y percibió por esta medida una indemnización de 150.000 euros, aunque la Fiscalía entiende que el despido no fue tal y que se trató de una simulación para lucrarse de forma indebida tanto él como los otros tres acusados, entre los que se cuentan la viuda del Nobel gallego, Marina Castaño; el exconselleiro en los gobiernos de Fraga Dositeo Rodríguez y su hija Covadonga Rodríguez.

Por este caso, el Ministerio Público pide para cada uno de ellos penas de prisión de cuatro años y medio, así como una inhabilitación por un período de ocho años.

Tras las declaraciones de los acusados en la jornada de ayer, en la que todos ellos insistieron en que obraron correctamente y no se cometió delito alguno al proceder al despido, ayer se reanudó el juicio que se celebra en la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago.

La vista oral continuó con la declaración de los testigos de las defensas, que ayer renunciaron a varios de los citados, lo que, sumado a las ausencias contabilizadas en la sesión de ayer, previsiblemente adelantará a hoy la conclusión del juicio prevista para el viernes.

Así pues, las intervenciones más relevantes de esta jornada han sido las de Oitavén y Fernández-Campa, que han coincidido en señalar el despido de Cavanna como parte de los ajustes previstos para poder pasar a propiedad pública la Fundación, que en aquel entonces atravesaba dificultades económicas que complicaban su viabilidad.

En ese sentido, Fernández-Campa, ahora gerente del Servicio Gallego de Salud (Sergas) y por aquel entonces secretario general de Cultura, precisó que los ingresos del exdirector gerente no estaban "acompasados" con la situación económica de la entidad, que presentaba una relación de gastos "difíciles de poder mantener".

No obstante, indicó que, aunque el despido fuese incluido en el plan de ajuste elaborado por el Gobierno gallego, la Xunta "no podía autorizar o desautorizar" la cifra fijada para indemnizar a Cavanna, puesto que es una cuestión relegada al ámbito privado de la fundación.

Fernández-Campa manifestó que el fondo artístico de la entidad "no podía estar fuera de Galicia", ya que, además de ser deseo expreso del único Nobel gallego, se trataba de una valiosa colección de arte y enseres personales del propio autor de "enorme interés".

Por su parte, Oitavén, que ostentó responsabilidades como secretario general técnico de la consellería de Cultura, también terció que la Xunta no tenía por qué poner impedimentos al procedimiento de pago seguido por la entidad e incidió en la importancia de ajustar las cuentas de una organización que encadenaba "cinco años acumulando pérdidas" y viendo caer sus ingresos de carácter privado.

Así pues, justificó el abono de los fondos públicos con los que terminó pagándose el despido como un intento de "dar cobertura" a la Fundación Camilo José Cela para afrontar los pagos previstos en el plan de ajuste para su entrega a patrimonio público.

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