La periodista Marina Castaño y los otros tres acusados por malversación de caudales públicos en una causa que investiga un posible caso de corrupción en la Fundación Camilo José Cela defendieron ayer, en la primera sesión del juicio, que sus respectivas actuaciones han respetado la legalidad vigente y han negado con ello tal desfalco.
Es tal y como, en un mensaje coincidente, se han referido a los distintos trámites relativos al despido del exdirector gerente de la entidad, Tomás Cavanna, quien percibió una indemnización de 150.000 euros por el cese de su actividad al frente de la misma, un pago que el Ministerio Fiscal considera irregular y efectuado para que los acusados se lucrasen de forma indebida.
Por este motivo, solicita el Ministerio Público penas de prisión de cuatro años y medio y ocho de inhabilitación tanto para el propio Tomás Cavanna, como para la viuda del nobel gallego y expresidenta de la Fundación, Marina Castaño; junto con el expatrono y exconselleiro en los gobiernos de Fraga, Dositeo Rodríguez; y su hija Covadonga Rodríguez, actual subdirectora de esta institución.
En el juicio que ayer albergó la sección sexta de la Audiencia Provincial, con sede en Santiago, Castaño -que sufrió una aparatosa caída tras abandonar los juzgados- defendió que su único propósito fue "sanear" la institución antes de cederla a dominio público, ya que tras el despido de Cavanna pasó a ser gestionada por la Xunta.
Asimismo, sostuvo que obró siguiendo el deseo expreso de su marido de que la Fundación permaneciese en Galicia, lo que motivó que, después de que no llegaran a "cuajar" otras propuestas, tuviese que cederla al Ejecutivo autonómico para asegurar su viabilidad ante las "dificultades económicas" severas que afrontaba.
La viuda de Camilo José Cela evitó precisar cuestiones relativas a fechas y cifras, dado que -según manifestó- no las recuerda por haber pasado demasiado tiempo.
En su comparecencia, Dositeo Rodríguez apuntó que la indemnización concedida a Cavanna se enmarca en el "límite legal" fijado para las mismas y, si bien admitió que la cantidad de 150.000 euros le pareció "mucho" dinero en un principio, sí la ha considerado válida tras haber sido avalada por la propia Xunta en el plan de viabilidad elaborado para la Fundación.
El objetivo de todas estas actuaciones, indicó, era entregar al Gobierno gallego una entidad "limpia", para lo cual era preciso deshacerse de un sueldo elevado como el del exdirector gerente, al que se le pagó el despido en las "mismas condiciones" que al resto de empleados, tal y como él había requerido.
Cambio de opinión
Lo explicó en tales términos el propio Cavanna, que además terció que él no tenía intención alguna de dejar la entidad en un principio, pero que cambió de opinión tras conocer que pasaría a manos de la Xunta, algo a lo que se oponía por preferir un traslado de la misma o un inversor privado.
Según el exdirector gerente, la fundación atravesó "toda una serie de calamidades" a finales de la década pasada, que se saldaron con cuatro despidos más aparte del suyo y que fueron resueltos en igualdad de condiciones y unos términos "muy generosos" para evitar problemas posteriores.
Finalmente, el último turno de esta sesión inicial del juicio correspondió a Covadonga Rodríguez, que subrayó que a Cavanna se le formuló una propuesta inicial de 96.000 euros que no fue aceptada y que motivó que se incrementase la cuantía de la misma hasta los 150.000 euros finales.
Rodríguez manifestó que se trataba de "mucho dinero", pero reiteró que la medida era necesaria para salir de la situación "insostenible" en la que estaba la fundación.
Abogacía del Estado
Con anterioridad a estas declaraciones, en el trámite de cuestiones previas, la sala decretó la salida de la abogacía del Estado de la causa, puesto que entienden que no concurre en la misma "interés patrimonial" alguno para la Administración central.
Del mismo modo, conforme fue avanzando la jornada, las defensas accedieron a retirar varios de sus testigos, entre ellos dos pedidos por la representación de Dositeo Rodríguez y que involucraban a dos altos cargos de la Xunta, como son el conselleiro de Hacienda, Valeriano Martínez, y el director de Portos de Galicia, Juan José Durán.
La defensa de Marina Castaño también retiró la testifical de Dolores Ramos, Lola como se le conoce, la denunciante que motivó el surgimiento de este caso y que, en declaraciones a los medios previas al inicio del juicio, rogaba que se hiciese "justicia", además de lamentar las trabas sufridas para que sus demandas llegasen a buen puerto.
