La publicación de las notas de la selectividad correspondiente al año 2018 ha puesto de manifiesto, al menos en Galicia, la diferencia entre la calificación media de los alumnos en esta prueba que determina las opciones de acceso a la universidad y los resultados del informe PISA. En la selectividad, los estudiantes gallegos obtuvieron la segunda peor nota de España, una posición en la que tiene mucho que ver el distinto nivel de exigencia de los exámenes y los dispares criterios de corrección, que son competencia de cada comunidad. Ante esta situación, la Xunta demandará al nuevo Gobierno central que se coordinen mejor las pruebas en todo el Estado para que la selectividad resulte más equitativa y los niveles de exigencia sean similares en todas las autonomías.

La propia Xunta entiende que el nivel es más alto en Galicia y que, en consecuencia, en otros territorios es menor la exigencia y los alumnos obtienen, por ello, calificaciones más altas. Y una de sus derivaciones es que con notas más altas, los estudiantes tienen más opciones de entrar en las titulaciones con notas de corte muy elevadas, lo que produce el aterrizaje en Galicia de alumnos procedentes de otras comunidades porque aquí tienen más fácil acceder a su carrera preferente. A veces, la entrada se decide por un par de décimas en la nota media.

La Consellería de Educación no quiere una prueba única, pero sí un equilibrio en el grado de dificultad, que se nivele la exigencia en todo el territorio nacional. Por ello, el departamento de Carmen Pomar trasladará al nuevo Gobierno que salga de las urnas del 28 de abril la necesidad de volver al pacto educativo para abordar, "entre otros asuntos de relevancia para todo el Estado", la organización de una selectividad equitativa y alcanzar los consensos necesarios.

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La gallega no es la única comunidad a favor de igualar el nivel de dificultad de las pruebas de acceso a la universidad. El consejero de Educación de Castilla y León pidió el pasado año a los profesores encargados de elaborar las pruebas que las "ajustaran" para que a los estudiantes de su comunidad no se les exigiese "ni más ni menos" que a los del resto de España.

Aunque la Xunta podría recomendar a la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG) que hiciera los exámenes más fáciles, lo que plantea es una coordinación entre las comunidades para igualar su dificultad. "Lo que defendemos es que se establezcan fórmulas para la coordinación entre las comisiones encargadas de elaborar las pruebas de acceso a la universidad con el objetivo de garantizar la equidad en el conjunto del Estado. Se trata de buscar una respuesta conjunta y, a partir de ahí, si es necesario, hacer ajustes en las comunidad", indicó la Consellería de Educación.

Aunque los estudiantes gallegos superan la media nacional en Matemáticas, Ciencias y Lectura en el informe PISA, en la selectividad del pasado año registraron la peor nota en los ejercicios de Lengua y de Química, la segunda cualificación más baja en el examen de Biología y la tercera por abajo en Física y en Historia de Filosofía.

Galicia volvió a ser el pasado año la segunda comunidad con la nota media más baja: un 6,11, pero empeorando los registros de 2017 (6,19 de puntuación) y de 2016 (7,08). También fue la segunda autonomía con menor índice de aptos para la universidad: el 91,62%, frente al 98,33% del País Vasco, que lidera el ranking de aprobados.

Un ejemplo de la selectividad desigual es el examen de Lengua, obligatorio para todos. La nota media de los gallegos fue de 6,06, la más baja de España. En el extremo opuesto están los estudiantes canarios, con un 7,64. Además solo el 6,75% de los gallegos lograron una puntuación de sobresaliente, un porcentaje que se dispara al 25% entre los canarios, según los datos de las últimas pruebas.

Otro ejemplo es el examen de Química. Los alumnos gallegos comparten con los andaluces el honor de la nota media más baja: un 5,50. Los estudiantes vascos pueden presumir de un 7,5. Si el 10,% de los gallegos consiguieron un sobresaliente, en Extremadura fueron el 30% y en Murcia, un 28%, según los últimos datos que muestran la disparidad de calificaciones en función de las autonomías.