Julio Tejedor Bielsa es profesor titular de la Universidad de Zaragoza y autor de numerosas publicaciones y monografías. Recientemente ha publicado un ensayo sobre la nueva ley de contratación pública, un asunto en el que asegura que confluyen muchos de los problemas que sufre la sociedad española desde hace años, como la corrupción. Reclama copiar de otros países miembros de la Unión Europea y redactar una nueva legislación más corta, más clara y más transparente. Y también que la tramitación de los contratos públicos suponga menos burocracia y que sea electrónica, para que cualquier ciudadano pueda seguir cómo se hacen los contratos y en qué y cómo se invierte su dinero.
-¿Por qué hay esa sensación de caos en todo lo que tiene que ver con los contratos con las administraciones públicas?
-Porque la ley de contratación pública lo ha generado, porque es un exceso. Las de cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea son mucho más reducidas y claras. Le pongo un ejemplo, la de 2015 de Francia tiene cien artículos muy cortitos, y diez de ellos están dedicados a los territorios de ultramar. Y luego tiene un reglamento con ochenta o noventa artículos. Derogó la legislación anterior y ya está. La española es todo lo contrario, con unos cuatrocientos artículos y algunos de ellos ocupan hasta dos páginas y media del Boletín Oficial del Estado (BOE).
-¿Y cómo se explica esto?
-Es producto de cierto arrastre histórico. Partimos de una vieja ley de contratos del Estado que ya era larga, a la que se han incorporado muchos cambios pero que conceptualmente sigue siendo la misma. Tenemos una legislación básica de mediados del siglo pasado que solo se aplicaba a la Administración General del Estado, a la que se han ido incorporando las comunidades autónomas, los ayuntamientos, la normativa europea, entidades públicas... Al final, tenemos una ley mestiza que no es claramente europea y que no nos va a dar ventaja competitiva.
-¿Por qué no se hace como en otros países, se suprime la antigua y se hace una nueva?
-Por dos razones. Una es la inercia administrativa. El control lo tienen Patrimonio del Estado y el Ministerio de Fomento, que insisten en mantenerlo sin dejar espacio para regular a las comunidades autónomas. Esta es una razón estructural. Pero hay otra, la segunda: la corrupción. La legislación actual se ha tramitado en un entorno tóxico porque todo se mira y se ve con sospecha, hasta el punto de que una irregularidad o un error administrativo que es subsanable ya se ve como un delito. Hay una psicosis regulatoria de lo público.
-¿Regular más reduce la corrupción?
-No. Las leyes ayudan a mejorar la gestión, pero no acaban con la corrupción. Son los gestores los que tienen que hacerlo y con una ley más sencilla y una contratación electrónica transparente, que permita realizar el seguimiento completo de cualquier contratación que se realice; sea del tipo y la cuantía que sea, a través de la red es lo más transparente. Pero eso conlleva modificaciones procedimentales, nuevos softwares, formación del personal... Ahora se debate la contratación de sectores especiales y que en dos años se haga la contratación electrónica. Aun en el caso de que salga adelante, no se cumplirán los plazos. Si se regula en demasía sin planificar las cargas de gestión para asumir la norma, pues no se puede aplicar, y eso agrava la situación y genera más desconfianza.
-La burocracia provoca además retrasos.
-Claro. Le voy a poner un ejemplo. Desde que se toma la decisión de construir un instituto hasta que se inician las obras, tramitando el expediente aplicando la urgencia, transcurren veinte meses entre todos los plazos que hay que cumplir. El plazo de ejecución de la obra es de dieciocho meses para la entrega. Esa burocracia genera ineficiencia, ineficacia y nos hace menos competitivos. Imagine que se busca una empresa para que venga a invertir. Los plazos en España son tan largos que la compañía se acabará yendo a otro país, como Francia, Portugal o Italia, que tienen leyes más reducidas y claras.
-Algunas comunidades aplican ahora cláusulas sociales en los contratos públicos, pero hay mucho debate al respecto porque hay quien mantiene que es inconstitucional al favorecer a determinados colectivos y frenar la competencia.
-La legislación europea contempla esa posibilidad siempre que además de conseguir el bien o servicio público que se persigue se consigan, por el mismo precio, ventajas en el ámbito económico, social y ambiental. Esta práctica se está desarrollando ya en muchas administraciones, y lo que se está haciendo para dar seguridad jurídica es establecer catálogos que se pueden incorporar a los pliegos de contratación según de qué se trate.
