Hasta la aparición de jueces como Chinnici, Falcone o Borsellino la magistratura italiana respondía a la mafia con el viejo proverbio siciliano de: "Orbu, sordu e taci, campa cen'anni in pace". O lo que es lo mismo, "quien no ve, no habla y no siente puede vivir cien años en paz". A partir de ese momento, los ochenta del siglo pasado, la acción de la justicia cobró un impulso que se tradujo en maxiprocesos. Los mafiosos se ocuparon entonces de liquidar, haciéndolos saltar por los aires, a los togados que les plantaron cara. Cuando los políticos, implicados en actuaciones delictivas, comenzaron a ser investigados, los jueces empezaron, a su vez, a sentir el acoso y el linchamiento desde los más diversos frentes. El repertorio ya lo conocen, por la cercanía del tiempo les sonará incluso: la judicialización de la política y la politización de la justicia.

El procedimiento contra Andreotti, que se prolongó desde 1993 por espacio de once años, fue la representación más genuina de cómo se pueden instrumentar campañas contra los magistrados que se empeñan en profanar el santuario político y acabar con su impunidad. Berlusconi lo llevaría más tarde al paroxismo llegando a definir la investigación emprendida por Manos Limpias como "una guerra civil". Su socio de gobierno el entonces secesionista padano, Bossi, levantó también la voz para decir: "La vida de un magistrado vale 300 liras, el precio de una bala", recordaba Joan Queralt en sus "Crónicas mafiosas".

Las piezas que se mueven en él hacen que el escenario de la vida pública italiana adquiera dosis de un envenenamiento social difícil de superar: las defecaciones de Il Cavaliere marcan ese ritmo de zafiedad que parece inalcanzable en cualquier otro ámbito occidental, pero aunque por las circunstancias haya que establecer escalas ha habido momentos de la causa contra los separatistas catalanes que permiten la comparación. A medida que se acercaba el momento del juicio, la campaña contra los magistrados del Tribunal Supremo se recrudeció por parte de medios afines al independentismo y en las redes sociales. Antes habían sido los acosos y los escraches delante de los domicilios de algunos de los magistrados que se vieron obligados a dejar Cataluña, tanto los que tienen que ver con el juicio a los independentistas como los que no pero pertenecen a la magistratura. El acoso ha venido no sólo de secesionistas catalanes escondidos en el anonimato sino también de radicales vascos del entorno de Bildu. Los propios dirigentes del procés son lo que proporcionan la munición para este tipo de cosas cuando en los 21 puntos famosos del plan que hicieron público coincidiendo con la mesa bilateral de negociación del presupuesto figuraba como uno de los objetivos la independencia judicial. La propaganda de los secesionistas en España y en el resto de Europa está enfocada desde el primer minuto en esa dirección: la politización de la justicia española y los presos políticos. Igual que argumentaba con pompa musoliniana Silvio Berlusconi para intimidar a los magistrados que lo investigaban. No hay novedad en ello, se trata de una táctica ya desplegada en uno de los períodos más turbulentos de la reciente historia de Italia.

El político pillado con las manos en la masa, como ocurría en los procesos italianos, o sublevándose contra la democracia, en el caso de_España, encontrará enseguida la argucia de la judicialización de la política para rehuir las acusaciones de delito.