El Gobierno dio ayer luz verde al proyecto de ley de educación defendido por la ministra Isabel Celaá, con el que se pretende derogar la Lomce, aunque reconoció que "no parece muy posible que se llegue a tiempo" para su tramitación parlamentaria tras el anuncio de elecciones.

El texto debe pasar ahora al Congreso, pero su tramitación quedará suspendida una vez que el 5 de marzo se disuelvan las Cortes ante la convocatoria electoral anunciada para el 28 de abril.

Celaá explicó que el Ejecutivo decidió aprobar en este momento el proyecto "por respeto a todas las personas que han venido trabajando y respaldando la ley" y que no se ha pedido ni se ha tenido que esperar a un dictamen del Consejo de Estado porque no es preceptivo.

La ministra hizo un extenso argumentario para criticar la Lomce y destacar por el contrario los beneficios de la denominada Lomloe (Ley Orgánica por la que se Modifica la Ley Orgánica de Educación, LOE, de 2006, que deroga a su vez la Lomce de 2013).

La ministra enfatizó: es un texto "progresista para una educación del siglo XXI". "Conecta plenamente con las corrientes contemporáneas de la UE y la Unesco, aborda los objetivos planteados en la Agenda 2030 y parte de la base de que nadie se quede atrás y que todos los talentos deben ser tratados en la escuela con éxito", continuó.

Para Celaá, la Lomce "vino a interrumpir el equilibrio en el sistema" y provocó, por ejemplo, un descenso de tres puntos en el número de graduados en ESO y de dos puntos en el Bachillerato.

Aseguró que el texto aprobado ayer es el resultado de un amplio proceso de participación, con más de 43.000 correos electrónicos, Conferencia Sectorial, aportaciones de todas las comunidades -excepto de las del PP, recalcó la ministra-, de consejos escolares autonómicos, de varios ministerios y de un centenar de asociaciones y organizaciones. Según la ministra, la Lomloe busca garantizar asimismo la continuidad de los recursos "más allá de cambios políticos y turbulencias".

La nueva norma se sustenta en cinco pilares: enfoque de derechos de la infancia; igualdad de género a través de la coeducación; personalización del aprendizaje; el desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y el cambio digital.

Entre los principales puntos de la nueva ley se encuentra la apuesta por la educación de 0 a 3 años, ya que se regularán los requisitos de titulación de sus profesionales y los de los centros que impartan este ciclo.