La Audiencia Provincial de Barcelona ha dado la razón a un padre divorciado que se negó a pagar la universidad privada a su hija. Según la sentencia, de la que se ha hecho eco "El País", a pesar de que la joven no alcanzó la nota de corte para acceder a los estudios en una universidad pública, el coste de la privada -siete mil euros de matrícula más gastos de transporte- se considera un gasto extraordinario, dada la situación económica familiar.
