El auto del pasado 11 de diciembre en el que el juez Miguel Florit ordenó la requisa de los móviles y otros dispositivos de trabajo de los periodistas Kiko Mestre, de "Diario de Mallorca", y Blanca Pou, de Europa Press, y el registro de sus lugares de trabajo pese a no ser investigados en una pieza separada del caso Cursach, la presunta trama de corrupción en torno al empresario de la noche del mismo nombre, por presunta revelación de secretos obvió toda mención al secreto profesional de ambos redactores.
Florit dictó un auto de apenas cinco folios donde explicó que la Policía Nacional le había pedido la víspera el registro de Europa Press y "Diario de Mallorca", "donde pueden encontrarse objetos e indicios que puedan servir para el esclarecimiento del presunto delito de revelación de secretos (atribuido a dos agentes del Grupo de Blanqueo de Capitales, la unidad que ha investigado a Bartolomé Cursach)". El fiscal anticorrupción Juan Carrau emitió, el mismo día 11, un informe a favor de la entrada y registro, dictamen que Florit menciona, pero no reseña. El auto y su materialización (el mismo día 11 de diciembre) dieron lugar a la interposición de una querella por Mestre, Pou y sus medios de comunicación contra el juez Florit por prevaricación judicial.
