Las empresas de alimentación checas con locales de más de 400 metros cuadrados comenzaron a cumplir ayer una sentencia del Tribunal Constitucional que las obliga a donar todos sus excedentes a organizaciones humanitarias y benéficas. La ley impone multas de hasta 400.000 euros a las empresas que se nieguen a ceder gratis sus sobrantes o género no vendido por otras causas.