El juez Miquel Florit revocó y anuló el pasado 21 de diciembre su auto de diez días antes por el que ordenaba la requisa de los teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos de los periodistas Kiko Mestre, de "Diario de Mallorca" -del mismo grupo editorial que FARO- y Blanca Pou, de Europa Press. Una confiscación que se hizo en una pieza secreta por revelación de secretos del "caso Cursach" -que investiga una trama de corrupción conectada con el ocio nocturno en Baleares- y sin que ambos redactores figuraran como investigados en esa causa.

La revocación del polémico auto, que causó el rechazo de la clase periodística, política y del mundillo jurídico, se conoció ayer en un tercer auto del mismo magistrado. Los dos redactores de tribunales y sus medios de comunicación presentaron una querella contra Florit, que fue admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. Al magistrado se le imputan tres delitos: prevaricación judicial, contra el secreto profesional de los periodistas y contra la inviolabilidad del domicilio.

Revocación de oficio

En su última resolución, el juez informa a los dos periodistas y a sus empresas que el 21 de diciembre "se revocó de oficio" la intervención de sus teléfonos y se ordenó la devolución de esos y otros dispositivos a Mestre y Pou. El auto fue dictado tres días después de que el Tribunal Superior de Superior de Justicia balear admitiera a trámite la querella contra el juez. El día 24 se notificó por teléfono a ambos periodistas que podían pasar por el juzgado a recoger los dispositivos.

Los abogados de ambos, no obstante, solicitaron al juzgado que Mestre y Pou fueran citados formalmente para recuperar sus efectos, notificación que les llegó el día 2. Hoy está previsto que ambos recuperen sus móviles de trabajo y personales. La representación de los redactores pidió también a Florit que certificara si los dispositivos habían sido analizados y si se habían hecho volcados o copia de datos almacenados en los mismos. En el auto de ayer el magistrado explica que en su resolución del 21 de diciembre consta "certificación de que (los móviles, tableta, ordenadores y memoria) no habían sido abiertos, volcados ni examinados sus contenidos".