El juez Miguel Florit ha ordenado la devolución de los teléfonos móviles y del material informático que requisó a dos periodistas de "Diario de Mallorca" -del mismo grupo editorial que FARO DE VIGO- y Europa Press el pasado 11 de diciembre para averiguar el origen de varias informaciones que publicaron sobre el "caso Cursach", la investigación desarrollada sobre los negocios del empresario más poderoso de la noche mallorquina.

Los dos medios de comunicación, que se han querellado ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares contra el juez por su "ataque letal" al secreto periodístico y a la libertad de información, han exigido en un escrito al Juzgado de Instrucción número 12 de Palma que la entrega se acompañe con un informe sobre "la realización o no de cualquier apertura, inspección, examen, registro, copia o manipulación" de los dispositivos.

Kiko Mestre, redactor de "Diario de Mallorca", y Blanca Pou, de Europa Press, recibieron el pasado lunes sendas llamadas telefónicas del Juzgado en las que se les comunicó que podían acudir a recoger sus teléfonos móviles. La defensa de los dos periodistas solicita que la resolución "se notifique en debida forma" y citando a los dos informadores "con señalamiento de día y hora para la devolución" del material requisado.

Asimismo, el escrito requiere al juzgado para que informe "sobre el lugar o lugares donde han estado depositados los objetos" y sobre "las personas que hayan tenido acceso a los mismos". Y concluye solicitando que, en caso de que los dispositivos se hubieran abierto, "se informe por escrito de qué datos han sido extraídos, copiados y/o examinados, y el lugar de almacenamiento de los mismos".

El pasado 19 de diciembre, ocho días después de la polémica actuación judicial, la Fiscalía Anticorrupción hizo pública una nota de prensa en la que admitió que la requisa de los móviles no era necesaria porque las fuentes que buscaban "ya eran conocidas por otras vías de investigación". El ministerio público, que avaló la incautación, aseguró que el objetivo era "el aseguramiento de los efectos materiales procedentes del delito". Informó de que los dispositivos seguían "bajo custodia judicial" y negó que, hasta ese momento, los teléfonos y ordenadores hubiesen sido examinados. En caso de ser necesario hacerlo, puntualizó la Fiscalía, "se practicaría poniéndolo previamente en conocimiento de las personas afectadas".

Solo cinco días después llegó la llamada del Juzgado a Mestre y Pou comunicándoles que se les devolvería el material incautado. Aquel ataque generó una enorme indignación entre periodistas y medios de comunicación de toda España, que se solidarizaron con los dos informadores afectados. La vulneración del secreto profesional de los periodistas, un derecho recogido en la Constitución, también provocó incredulidad en el mundo jurídico.