Mientras muchos alumnos gallegos realizan deberes en sus vacaciones navideñas, en Valencia entra en efecto la primera ley de España que pone límites a estas tareas y reaviva el debate sobre las cargas escolares. La Ley valenciana de derechos y garantías de la Infancia y la Adolescencia entró en vigor, precisamente, el día de Navidad. Este detalle fue destacado por una vicepresidenta de dicho gobierno en su cuenta de Twitter, para señalar que "se ha adelantado unas horas a la Nochebuena, trayendo un regalo para todos los niños, niñas y adolescentes valencianos: igualdad de oportunidades, derechos y voz para todos".

Y es que la norma otorga a los niños la consideración de ciudadanos "de pleno derecho", e impulsa su participación en la vida pública y la promoción de sus derechos. Regula el derecho a que la opinión de este colectivo sea escuchada y tomada en consideración en todos los asuntos que les afectan, y establece el acceso al ocio educativo como un derecho de manera que el exceso de deberes en Primaria no reduzca el tiempo de juego, así como el derecho al buen trato.

Y el debate sobre las tareas escolares vuelve a la carga con esta norma, según avanzan organizaciones de padres y madres de alumnos.

En Galicia, el titular de la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez ya presentó un "Informe sobre deberes escolares" en el que se aborda la polémica. Además de reflejar argumentos a favor y en contra de los deberes, da recomendaciones a docentes. El texto, elaborado por las Universidades de A Coruña, Oviedo y portuguesa de Minho, fue pionero en abordar el análisis tomando en consideración a los tres agentes implicados: estudiantes, docentes y familias.

Según la OCDE, España es uno de los países que más deberes pone. La opinión de este organismo internacional es que "son una carga para los alumnos con desventajas socioeconómicas", que tienen menos recursos para hacerlos en condiciones.

El articulado aprobado ahora en Valencia se dice que los centros educativos "procurarán" -es decir, no obliga categóricamente- no trasladar cargas a casa, pero la norma es relevante porque el derecho al ocio de los niños queda por encima de la obligación de hacer ejercicios. Además, es la primera vez que una ley -autonómica o nacional- aborda las tareas escolares, después de que los parlamentos regionales de Madrid, Cantabria, Murcia o Canarias hayan aprobado ya recomendaciones en este sentido.