El Gobierno baraja considerar cualquier "comportamiento sexual" hacia una mujer sin su consentimiento un delito de agresión sexual castigado con prisión, tal y como proponen los expertos encargados de la reforma del Código Penal en relación con los delitos sexuales. Tras siete meses de trabajo, los expertos reunidos en la Comisión General de Codificación, que recibió el encargo de revisar la tipificación de los delitos sexuales después de la polémica sentencia de La Manada, entregó al Gobierno su informe, estudiado ayer en el Consejo de Ministros, reunido en Barcelona.
Según la portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, los expertos penalistas plantean "castigar con prisión cualquier comportamiento sexual hacia una mujer sin su consentimiento, al considerarlo un delito de agresión sexual". La Comisión justifica su reforma "haciendo un deslinde perfecto entre los tipos delictivos afirmando que existen dos: la agresión sexual y la violación". En concreto, "la agresión sexual sería el comportamiento contra la mujer sin su consentimiento y la violación cuando además hay penetración", por tanto, se eliminaría "el tipo de abuso sexual", concretó la portavoz.
Fuentes de la comisión explicaron a Efe hace unos días que el informe de los expertos contempla la revisión de las penas de los delitos sexuales, pero la máxima por violación se mantendría en 15 años. De hecho era una de las cuestiones que ha generado mayor discusión entre los juristas, porque el homicidio también está castigado con esa misma pena. Las mismas fuentes precisaron que el debate se zanjó con la precisión de las circunstancias en las que se deberá aplicar esa condena máxima; es decir, siempre que concurran al menos dos consideradas muy graves, como por ejemplo el uso de armas que pongan en riesgo la integridad de la víctima o un trato degradante o vejatorio.
El acuerdo de los penalistas incluye cambios en la tipificación de las circunstancias en las que se producen las agresiones sexuales y, con ello, su incidencia en la pena. Y se introducen matices necesarios para adecuar el Código Penal a la realidad actual: por ejemplo, se distingue si una víctima ha tomado alcohol o drogas por voluntad propia o si ha sido drogada y su voluntad anulada, lo que implica una responsabilidad aún mayor para el autor de la agresión.
Según Celáa, el Gobierno "ha cumplido con su compromiso trayendo a este Consejo de Ministros el estudio necesario para poder avanzar en este terreno".
El informe de los expertos ha llegado al Consejo de Ministros en pleno debate sobre la pertinencia de reforzar medidas como la libertad vigilada tras el asesinato de la joven Laura Luelmo, un crimen que ha "conmocionado a todo el país", afirmó Celáa. De hecho, en la última sesión de Control al Gobierno del año en el Congreso, el presidente, Pedro Sánchez, anunció nuevas medidas para garantizar la seguridad de las mujeres en defensa de sus libertades.
