Visto para sentencia. Después de treinta largas jornadas de vista oral que se iniciaron el pasado 26 de septiembre, ayer llegó a su fin el macrojuicio contra los conocidos como "Miguelianos". Lo hizo en una doble sesión de mañana y tarde en la que las distintas partes expusieron sus informes finales y en la que el fiscal del caso, Juan Pablo Martínez, consideró probada la "estructura" de "secta" de la orden de los "Miguelianos".

Una estructura de carácter sectario en cuya "cúspide" el fiscal situó al supuesto líder y fundador de la asociación, Miguel Rosendo, para quien el Ministerio Público mantiene su petición de 66 años de prisión. El fiscal echó mano de las testificales en las que se indicó que en Orden y Mandato no se hacía nada "sin el consentimiento del líder" para argumentar esta postura.

El fiscal explicó ejemplos de "técnicas de persuasión coercitiva" en formas de "broncas" y "batallas" por parte de Miguel Rosendo, así como "humillaciones", "insultos" y "agresiones" hasta llegar a afirmar que las dos mujeres que actuaban de "bastones" del líder estaban en una situación de que se asemejaba a la "esclavitud".

El Ministerio Público mantuvo su petición de responsabilidad civil subsidiaria por parte de la Iglesia, al entender que Orden actuaba "bajo la dependencia" del Obispado y que hubo una actitud "pasiva".

La letrada de la acusación particular, Ana Reguera (que representa a familiares y exmiembros de la Orden), insistió en que Miguel Rosendo se "apropió" de la voluntad de los miembros del grupo mediante una serie de técnicas de persuasión coercitiva. Un proceso de "dominación y engaño" que "fue llevado a cabo muy sigilosamente" por Miguel Rosendo "durante muchos años". Además, calificó de "actos monstruosos" los hechos que atribuye a Rosendo a quien acusa de aprovecharse sexualmente de varias consagradas a través de esta dominación: "Lo que ha hecho Miguel Rosendo con estas chicas no tiene nombre", afirmó, y más "para quienes somos creyentes" cuando todo esto lo "ha hecho utilizando el nombre de Dios".

Por parte de la defensa, el abogado Marcos García Montes reprochó tanto al fiscal como a la acusación particular sus informes e insiste en que basan su acusación en elementos "abstractos" que no pueden llevar al tribunal a un fallo de culpabilidad.

Rechazó que su cliente hubiera protagonizado los hechos que se le imputan y llamó la atención sobre "un pacto de libro" entre el fiscal y varios de los acusados que declararon de forma contraria a los intereses de Rosendo. Los letrados de estos dos acusados negaron haber pactado con la Fiscalía.

El letrado finalizó asegurando que su cliente, Miguel Rosendo, "no quiere venganza" ni tiene "deseos de perjudicar a nadie", sino que "pretende su libertad y su inocencia". También reprochó la tardanza del caso en llegar a juicio dado que su cliente lleva ya cuatro años en prisión provisional.

Por parte de la letrada Beatriz Seijo, que defiende a dos de las consagradas más próximas a Miguel Rosendo (Ivana L. E Iria Q.) y que sostiene también la inocencia de éste, considera que no existió ningún tipo de dominación religiosa ni de ningún otro tipo. El resto de las defensas también insistieron en la inocencia de sus representados.