Pedro Cruz Villalón (Sevilla, 1946) es catedrático emérito de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid y uno de los mayores expertos constitucionalistas de Europa y de sus cartas magnas. Autor de una amplia bibliografía de Derecho Constitucional nacional y comparado, ha ejercido como letrado, magistrado y presidente del Tribunal Constitucional, consejero electivo del Consejo de Estado y como abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. A lo largo de la entrevista se muestra extraordinariamente prudente en las respuestas.
-¿Hay que cambiar la Constitución española?
-La reforma está siendo el gran asunto de este 40.º aniversario, y cada vez resulta más peculiar la situación de nuestra Constitución, que ha llegado aquí sin cambiarse. Las constituciones europeas están más pegadas al terreno que, por ejemplo, la de EE UU, y eso hace que se reformen con naturalidad e incluso con puntualidad. La alemana lleva unas 60 reformas en sus 70 años de vigencia y ya ha triplicado su extensión. Ampliar por ampliar no es bueno, pero la suya es muy inmediata a la posguerra y la nuestra también es coyuntural, de acuerdos de partidos y de poder.
- ¿Y ve factible ese cambio?
-Ahora mismo no lo veo posible. La tesis de que todo debe ser por consenso no se sostiene, y en otros países tampoco se hace así. El problema básico es el lastre de no haber cambiado nada en cuarenta años, pero la experiencia acumulada aconseja cambiar cosas. Necesita, por ejemplo, reformas de imagen, que parece que no tiene importancia pero sí la tiene, porque figura todavía la posibilidad de recuperar la pena de muerte, que está abolida pero con salvedades. Esa coletilla se debe eliminar. También hay que reformar el Consejo General del Poder Judicial, el Senado o cómo se eligen a los magistrados del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, el Senado: se hizo el que se podía hacer en aquel momento porque no se había realizado el proceso autonómico. Su reforma era casi programada, pero cuarenta años después no se ha hecho.
-Usted manifiesta que ya se intentó una reforma. ¿Qué se cambiaba?
-En los años 2004 y 2005, estando yo en el Consejo de Estado, se preparó una propuesta muy trabajada y fundada de reforma. La aprobamos con un solo voto en contra, pero no se hizo nada. El ambiente no estaba receptivo. Se planteaba suprimir la preferencia del hombre sobre la mujer en la sucesión; la cuestión de las autonomías, de que encontrasen una mención específica las comunidades autónomas y estuvieran designadas en la Constitución; la reforma del Senado, e incluir un artículo explícito describiendo el límite de la integración en Europa. Eran asuntos que se consideraba que podía haber acuerdo en el Congreso y el Senado. Pero salió del Consejo de Estado y se empantanó.
-¿Por qué razón?
-Quizá porque quien estaba en la oposición dejó claro que no quería reformar nada, y quien gobernaba pensaría que para qué lo iba a llevar al Congreso y sufrir una derrota parlamentaria. Pero con independencia de eso, se hubiera podido plantear y suscitar el debate.
-Se planteó entonces la mención a las autonomías. Ahora, con la situación de Cataluña y la fragmentación parlamentaria, parece que una reforma así será más difícil.
-El problema es que restablecer la situación de normalidad constitucional en Cataluña va a ser muy difícil sin reformar la Constitución. Ha adquirido unas proporciones extraordinarias y excepcionales. Yo siempre ha defendido la asimetría, una solución específica para determinados territorios: Cataluña, País Vasco y Galicia. La disposición transitoria segunda de la Constitución daba una pista muy valiosa. Apunta un tratamiento especial de nacionalidad histórica.
-Pero eso puede dar lugar a que otras comunidades se sientan discriminadas.
-Hay diferencias en la configuración, pero hay que ver si otras comunidades autónomas que también tienen determinadas cosas están dispuestas a asumir los inconvenientes que suponen. Hay falta de realismo a la hora de mirar a los otros y a uno mismo.
-España es un país solidario. ¿Se puede romper ese principio de solidaridad?
-La solidaridad es una pieza en la Constitución, pero no es la única. Dotar de solidaridad no llega tan lejos como para permitir determinados modelos de financiación de los territorios. Las combinaciones posibles son muchas.
-Pues un acuerdo de ese parece difícil en la situación política actual.
-Es que este acuerdo es imposible sin la participación activa de los distintos territorios que configuran España. Debe ser un acuerdo que requiere el pacto, la negociación y la conformidad del conjunto del Estado de las autonomías. Tiene que haber una distribución de la responsabilidad.
-Entonces, pongamos el supuesto de que se decida hacer un referéndum sobre la independencia de Cataluña. ¿Debería ser válido solo con hacerse en esa autonomía o debería hacerse en todo el país?
-El referéndum hay que aparcarlo. Ir a un referéndum vinculante supone desmontar la composición básica de la comunidad política que se llama España. Antes de eso merece la pena trabajar en opciones alternativas y diseñar otras posibilidades. Toda la atención que le prestemos ahora a Cataluña será poca. Hay que moverse y negociar.
