Dos de los analistas políticos más importantes del momento se dieron cita ayer en el Club FARO para hablar sobre la Constitución y su reforma que, subrayan, es "necesaria" e "inevitable". El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, Javier Pérez Royo, y el profesor de Ciencia Política de la Universidad de Santiago, Antón Losada, han puesto en común sus teorías coincidentes pero también sus divergencias al respecto en el libro "Constitución: la reforma inevitable" (Roca Editorial).
"La reforma de la Constitución de 1978 es la gran patología de España", aseveró Pérez Royo ante un abarrotado auditorio del Areal. El prestigioso jurista recalcó que los últimos 40 años han sido los mejores de la historia constitucional del país, con una Carta Magna cuya duración ha superado con creces a todas sus predecesoras, "breves o brevísimas". No obstante, remarcó que aquel texto está superado y por ello su modificación "es inevitable". No obstante, advirtió, "se evidencia como muy difícil o imposible de hacer porque la monarquía es el obstáculo más importante que hay para abrir la reforma de la Constitución", remarcó.
Más optimista que Pérez Royo se mostró Antón Losada, quien sí cree que será posible llevar a cabo la revisión en la próxima legistatura cuando "ninguno de los cuatro grandes partidos tenga la posibilidad de vetar los intentos de reforma de los demás".
"Cuando se habla de cambiar la Constitución parece que son cuatro ajustes como el Senado o la cuestión hereditaria pero lo cierto es que ha sido siempre una cuestión tabú de la que el PP ni siquiera ha permitido hablar. No es que haya vetado la reforma, es que ha vetado el hablar de ello", aseguró Losada, valoración con la que coincidió completamente Pérez Royo.
"La derecha consideró que lo hecho en 1978 era una estación de llegada, no como un punto de partida, que es la visión que tiene la izquierda", explicó Losada. El consenso entre ambos lados del espectro político se mantuvo "sobreentendido" durante varias décadas pero José María Aznar dejó claro en su segunda legislatura (2000-2004) que la Constitución marcaba un límite y que si se abría el debate sería para recuperar competencias y no al revés.
El politólogo gallego considera que tras la escisión de la derecha, que a su juicio se agravará en las próximas elecciones generales, el PP perderá su capacidad histórica de veto y sí será posible abordar la reforma de la Carta Magna.
"Por eso yo creo que es inevitable, porque si no, entre otras cosas, no se podrán gestionar ni afrontar los grandes problemas de España como Estado. Y no me refiero solo a la plurinacionalidad, sino a cómo continuar el proceso de integración europea, a qué hacer con los nuevos derechos de tercera y cuarta generación -que abarcan desde la autodeterminación, la independencia económica y política, el medio ambiente o el acceso seguro a las nuevas tecnologías- o qué hacer con la parte económica y social de la Constitución", relató.
La cuestión será, apuntó Losada, hacia dónde irá esa reforma. "Hasta ahora cuando se hablaba de reforma constitucional se pensaba que sería para dar más pasos hacia la descentralización del Estado o la protección de los derechos sociales y económicos pero hay mucha gente que quiere reformarla. No para ampliar como reclama el nacionalismo, una parte de la izquierda y el PSOE según el día, sino para recentralizar el Estado y liberar la economía, que es algo que no oculta Ciudadanos", remarcó el analista que insistió en que "no está claro cómo va a acabar".
Pérez Royo insistió en todo caso en el enorme obstáculo que supone para ello la monarquía que, recordó, "fue restaurada por Franco y luego se disfrazó de transición hacia la democracia". "La monarquía aquí no se discute y en base a eso se alcanzaron dos consensos básicos: uno fue el del Estado social y democrático de derecho y el otro el de la Constitución territorial". Ambos consensos, explicó el catedrático, funcionaron de manera "bastante satisfatoria" hasta que la crisis económica de 2008 acabó con el primero y dos años después, en 2010, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de autonomía catalán acabó con el segundo. "Ambos mantienen su vigencia pero están enormemente deteriorados y al mismo tiempo proyectan la luz sobre la institución monárquica que es la que impide que se evolucione. Una de las razones de que no se pueda hacer la reforma de la Constitución es porque se ha de hacer la de la monarquía. Si ahora mismo se abriera esa reforma sería prácticamente imposible que la institución monárquica no fuera un tema de debate", recalcó el jurista.
