15 de noviembre de 2018
15.11.2018

Marina Castaño se sentará en el banquillo por malversación en la Fundación Cela

Además de la viuda del Premio Nobel, están acusados Dositeo Rodríguez, exconselleiro de Fraga, y el exdirector de la entidad Tomás Cavanna

15.11.2018 | 02:07
Marina Castaño. // Óscar Corral

El juicio por malversación de fondos públicos en la Fundación Camilo José Cela que sentará en el banquillo a su viuda, Marina Castaño, y a un exconselleiro de Manuel Fraga y expatrono de la entidad que lleva el nombre del Nobel, Dositeo Rodríguez, se celebrará a partir del 1 de abril de 2019 en la Audiencia Provincial de A Coruña, en su sede de Santiago. Según la diligencia que fija el juicio, el primer día está reservado para las cuestiones previas y está previsto que también declaren los acusados, entre los que también está la hija de Dositeo Rodríguez, Covadonga Rodríguez --que sustituyó al gerente en esa función--.

El juicio dirimirá si hubo malversación en la indemnización, de 150.000 euros, por despido del director gerente de la Fundación en 2010, Tomás Cavanna, que también se sentará en el banquillo de los acusados. La instrucción que se llevó a cabo en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Padrón se cerró en junio de 2017, cuando se fijó la apertura de juicio oral con tribunal jurado, aunque este aspecto fue recurrido por los acusados y estimado por la instancia superior. De esta forma, la Sección Sexta de la Audiencia de A Coruña les acabó dando la razón y no se juzgará por tribunal jurado.

Según el auto de apertura de juicio oral, "todos ellos, de común acuerdo" y para "beneficiar" al director de la fundación, "simularon el despido (de Tomás Cavanna) y acordaron que la indemnización que le correspondía por los servicios prestados era de 150.000 euros brutos". La titular de este juzgado, Paula Ventosa, concretó que se adoptó la decisión "a pesar de ser conscientes todos ellos de que no se trataba de un despido, sino que quería abandonar voluntariamente la fundación". En el momento de la comisión de los hechos investigados, la Fundación Camilo José Cela "era una fundación del sector público de Galicia". "Carácter público de la Fundación que era conocido por los acusados, puesto que desde el año 2007 más del 50 por ciento de sus ingresos provenían de subvenciones públicas", recuerda el auto de apertura de juicio oral. La jueza impuso a los cuatro acusados la obligación de prestar fianza solidaria por importe de 200.000 euros.

A mediados de 2012, el fiscal de Santiago, Álvaro García Ortiz, denunció a Castaño y al exgerente de la Fundación Cela por un supuesto delito de malversación de caudales públicos. La investigación se había iniciado a raíz de la denuncia presentada por Lola Ramos, una vecina de Iria Flavia, localidad en la que está ubicada desde el año 1991 la institución. Ramos había aportado a la Fiscalía de Galicia información relativa a supuestos trasvases de dinero efectuados entre la fundación, sin ánimo de lucro, y sociedades propiedad de Cela y Castaño. La difícil situación de las cuentas de la Fundación Cela llevó a la Xunta a rescatarla, de forma que pasó a tener carácter público desde el mes de abril de 2012.

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