Juan Antonio Menéndez, obispo de Astorga, nació en la localidad asturiana de Villamarín de Salcedo (Grado), en 1957. Estudió en el seminario de Oviedo y se ordenó sacerdote en 1980. Licenciado en Derecho Canónico, desde 2017 preside la Comisión episcopal de Migraciones de la Conferencia Episcopal y ha sido recientemente designado presidente de una Comisión especial sobre delitos a menores.
-¿Qué objetivos persigue la comisión de la Iglesia española contra la pederastia?
-Es una comisión creada "ad hoc" por el Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal para actualizar los protocolos que existían sobre los abusos sexuales. Son del año 2010 y no incorporaban toda las recomendaciones o legislación posterior.
-¿Qué cambió desde entonces?
-Primero, la sensibilidad sobre estas cuestiones. La Iglesia ha tomado una conciencia mayor de la gravedad de estos delitos y quiere ser más responsable en la detección, denuncia y juicio de los casos. El Papa ha ido dando orientaciones, normativas y consignas, como la de la "tolerancia cero", pedir perdón a las víctimas o expresar la vergüenza. En la legislación civil existe una normativa nueva del año 2015. Hay que ver qué debe incorporarse al nuevo protocolo, por el que internamente se rige la Iglesia.
-¿Y qué dice el Código Canónico sobre los abusos a menores?
-Ha ido evolucionando. Los castiga siempre, pide que se imponga una pena justa y entre ellas está la expulsión del estado clerical. El Papa Benedicto ha dictado una normativa, más restrictiva que la civil, según la cual los casos prescriben a los 20 años después de que la víctima haya cumplido los 18 años. Y cabe que la Congregación de la Doctrina de la Fe, en casos específicos, levante ese limite y no prescriba. (El Código Penal establece que los delitos de abusos a menores prescriben entre los 5 y 15 años después de que la víctima cumpla 18 años, según la gravedad).
-¿Y no se considera la opción de directamente denunciar ante los tribunales?
-Hay protocolos que lo tienen en cuenta, siempre teniendo los límites del sigilo de confesión y otras confidencias propias del secreto ministerial. Veremos hasta qué punto se puede incorporar y será la comisión quien lo discuta.
-¿Incluso ante un posible delito es más relevante el secreto de confesión?
-Un sacerdote no puede revelar ese secreto de confesión so pena de excomunión.
-¿Y no puede ser ese un resquicio para ocultar casos?
-El confesor puede decir al penitente que vaya a denunciarlo a otro ámbito.
-Los abusos a menores suponen una de las cuestiones que más daño en imagen pública han causado a la Iglesia. ¿Cómo se viven desde dentro estos casos?
-Estuve en Roma hace dos meses con obispos que nos ordenamos hace cinco años. Todos lo vivimos con un dolor inmenso, con una vergüenza muy grande, con la firme decisión de que hay que terminar con ello en la Iglesia y que la sociedad debe tomarse en serio estas prácticas. Con relación al conjunto de los casos de pederastia es ínfimo el porcentaje que sucede en torno al sacerdocio, pero basta un caso para poner el grito en el cielo. Se vive con preocupación y malestar.
-Pero da la impresión de que la Iglesia ve este asunto como una cuestión moral y no penal.
-La sociedad ha ido tomando mayor conciencia de la necesaria protección de los menores. Hasta la legislación del Estado ha tenido que actualizarse.
-Desde su experiencia personal: ¿Se han ocultado casos?
-Creo que en el pasado la forma de proceder sobre esta cuestión era diferente, pero también en la sociedad: no existía tanta concienciación. Sí de la gravedad, porque se trata de un pecado que el Señor condena en el Evangelio, cuando Jesús dice que a quien escandalice a los pequeños más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino al cuello [Lucas 17, 1-2]. Antes se cambiaban de parroquia o destino y no se abría un proceso canónico salvo casos muy graves. Ha cambiado la mentalidad y estamos cada día más sensibilizados, pero queda mucho por hacer para que esto no suceda ni vuelva a suceder.
-Se ha cuestionado su forma de proceder en el caso de abusos en la Diócesis de Astorga. ¿Cómo obró?
-Los hechos sucedieron mucho antes de mi designación como obispo y cuando llegué el proceso estaba terminando, quedaba el decreto final una vez vistas las actas. Posteriormente yo llevé el caso personalmente a la Congregación para la Doctrina de la Fe, que resuelve. Le escribo a la víctima y al sacerdote acusado de abusos a seminaristas. Lo destiné a la casa sacerdotal sirviendo a sacerdotes ancianos, sin posibilidades de ser párroco. Luego le pedí la jubilación, con 65 años, cuando a nosotros nos jubilan con 75. Posteriormente la víctima hizo públicas las conversaciones que mantuvimos.
-La víctima pedía una compensación económica de 300.000 euros.
-No cabe fuera del procedimiento canónico, donde no hay una clara petición de resarcimiento económico; en algunos casos se ha impuesto un resarcimiento, pero a asociaciones que trabajan a favor de los derechos del niño. Además, en España están prohibidas las negociaciones extrajudiciales en delitos, que sí permite el sistema anglosajón. Si entregase dinero sería ilegal.
-Y ante los casos que fueron apareciendo, ¿qué hizo usted?
-Mantuve audiencias con seminaristas y otras víctimas y, aunque algunos hechos habían prescrito, porque sucedieron hacía más de 28 y 30 años, decidí abrir una investigación exhaustiva de lo que había sucedido en el seminario de La Bañeza y en un colegio de Puebla. La Congregación decidió levantar la prescripción y se ha juzgado y condenado al sacerdote a diez años de reclusión en un monasterio. Hay otro caso de otro sacerdote que aún no ha sido juzgado. En ambos casos la posibilidad de acciones civiles no existía, porque el delito había prescrito.
-Estos casos se suman a otros hechos que sumen a la Iglesia en una crisis.
-Es un momento duro y difícil; no solo en España, sino en todo el mundo. Hay que afrontar una nueva época, una nueva cultura, una nueva forma de expresión de la humanidad. La Iglesia aún tiene mucho que decir si sabe ser faro de luz desde el Evangelio.
-¿Su voz tiene vigencia?
- El Evangelio siempre está vigente. Soy optimista; creo que la Iglesia seguirá siendo un referente para la sociedad. Cuando no hablamos los obispos se nos echa en falta, aunque sea para criticarnos.
-¿Dónde está esa vigencia?
-En un mundo que ha dejado de forma general de ser creyente y relega a Dios a lo privado, la Iglesia tiene mucho que decir sobre la Fe en el Dios del cristianismo y su mandamiento del amor, sobre la reconciliación entre las personas, la misericordia para saber perdonar. La Iglesia debe ser una escuela de amor fraterno.
-También preside la comisión episcopal sobre migraciones?
-Es un reto importante y la Iglesia quiere ser voz en medio de las naciones para defender los derechos de los migrantes y refugiados. Además, ha colaborado activamente para que esos derechos se tengan en cuenta en los protocolos de inmigración que se firmarán en diciembre en Naciones Unidas. En España, la Iglesia se siente subsidiaria en este asunto respecto al Estado, que da los papeles y decide quién tiene derecho a refugiarse. Pero cuando lo legal termina, concluyen en Cáritas y dependencias de la Iglesia. Es preocupante la situación de los menores no acompañados, que al cumplir 18 años deben volver a su país, y pueden ser jóvenes con talento, que han estudiado, y de la noche a la mañana deben abandonar el país.
-La Iglesia como mediadora?
-Puede ser el espacio en el que personas de distintas culturas, naciones e incluso creencias puedan sentirse acogidas.
-La inmigración es un asunto polémico. ¿Qué posición tiene la Iglesia?
-Las noticias sobre la inmigración muchas veces están sesgadas; no se cuenta todo. Por ejemplo, puede parecer que nos asusta que lleguen 47.000 migrantes irregulares a nuestras costas, pero este año probablemente hayan entrado 500.000. Algunas noticias pueden alimentar la xenofobia. Si no se integra a los inmigrantes se pueden crear guetos, que dan pie a la existencia de mafias, a conexiones con el terrorismo u otros delitos. Pero la verdad es que los inmigrantes vienen y realizan tareas que los españoles hemos dejado de llevar a cabo. La gran mayoría de los trabajos que desempeñan no son cubiertos.
