12 de agosto de 2018
12.08.2018

Carmen García-Rodeja "El Estado debe asumir la búsqueda de los represaliados"

"Los restos de Franco deben ser entregados a su familia"

12.08.2018 | 03:35
Carmen García-Rodeja lee una carta durante la exhumación del comandante Moreno.

Ya han pasado 13 años desde que se abrió la primera fosa del franquismo en Galicia. Pero el camino por recorrer para que las víctimas se den por resarcidas es largo. Carmen García-Rodeja, investigadora gallega de la ARMH, apela al reconocimiento de los represaliados como "los padres y madres de la democracia" y urge al Estado a que asuma la búsqueda de los desaparecidos y la exhumación de sus restos. "Este trabajo no debe ser financiado por familiares ni por vecinos", cuestiona.

-¿El Estado debe asumir la exhumación de las fosas del franquismo?

-El trabajo de la búsqueda de los desaparecidos forzosos y la recuperación de sus cuerpos debe correr a cargo del Estado.

-¿Qué cree que se debe hacer con los restos de Franco?

-Deben ser entregados a su familia para que dispongan como consideren. Desde luego no para hacer otro monumento para rendirle homenaje.

-¿Qué le parecería el traslado al nicho familiar en Ferrol?

-Donde decida la familia y de acuerdo con la ley.

-El equipo de la ARMH trabaja sin subvenciones públicas. Una asociación ha pedido ayuda ciudadana para abrir una fosa en Aranga, ¿es una vía a explorar?

-Debe ser financiado por el Estado, ni los familiares ni los vecinos deben costear un trabajo que corresponde a los poderes públicos. Ante la falta de ayudas, la ARMH hace el trabajo con personal técnico voluntario y con la colaboración de los socios.

-¿Principales obstáculos con los que se encuentran cada vez que inician una búsqueda?

-Nuestro trabajo se inicia con las fuentes documentales y orales. En el primer caso creemos que se deben dar facilidades para la entrada en los archivos, y mejor, que se digitalicen los fondos, y que los que estén digitalizados sean de acceso a investigadores y familiares. En muchos casos ni siquiera es posible acceder o ponen innumerables trabas. Con respecto a las fuentes orales, queda aún el miedo a hablar de muchos vecinos. Para iniciar la exhumación, si bien en casi todos los casos hay facilidades para trabajar, en otros sigue habiendo impedimentos por parte de los propietarios de los terrenos.

-¿Disponen de alguna unidad de atención a los familiares?

-Tenemos equipos de psicólogos. Han colaborado con nosotros Psicólogos Sin Fronteras e investigadores extranjeros. Es importante que tuviéramos una colaboración más estrecha, pero es un trabajo voluntario. Hay un campo muy importante para desarrollar el apoyo en todo el proceso, desde que se inicia la búsqueda, en la exhumación y en el proceso de duelo posterior. En Latinoamérica esta tarea está muy adelantada y se trabaja con toda la comunidad.

-La Ley de Memoria Histórica se limitó a cambiar nombres a calles del franquismo...

-Ha dejado sin resolver un problema fundamental: la exhumación de fosas. Depende de la voluntad de la política gobernante municipal o autonómica. Debe haber un plan nacional abordado por el Estado en este tema y también un tratamiento a las víctimas de la represión franquista como cualquier otras víctimas del terrorismo a través del Código Penal y con la inclusión de los derechos humanos en la Constitución. Es importante también que se aplique el Derecho Penal Internacional como se recomienda desde Naciones Unidas para los crímenes de lesa humanidad que no prescriben.

-¿Cuándo y cómo se darán por resarcidas las víctimas?

-Lo más importante para las familias es el derecho a la verdad, que se conozca lo sucedido: la gente perseguida por el régimen franquista, encarcelada, escapada, humillada o asesinada, lo era por sus ideas. Que la mentira oficial se deshaga. Que se reconozca a tantas familias que perdieron a los suyos y siguieron siendo estigmatizadas. Y añadimos que es importante que las víctimas del franquismo sean reconocidos como los padres y madres de la democracia, que sea estudiado en los libros de texto lo que pasó y que los actos de reconocimiento de las víctimas o la entrega de los cuerpos de los represaliados sean actos de Estado.

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