Cinco años de cárcel y seis años de inhabilitación para ejercer la patria potestad de sus dos hijos, así como a indemnizar con 30.000 euros por daños morales y materiales a Francesco Arcuri, condenado por malos tratos en 2009, y al pago de las costas del proceso judicial. Esta es la condena dictada por el juez Manuel Piñar, titular del juzgado penal 1 de Granada, contra Juana Rivas, la madre granadina que en mayo de 2016 regresó a España con sus dos hijos desde la isla de Carloforte (Italia), donde vivían, porque, como alegó en el juicio, "no quería vivir más las torturas" de su expareja, a quien volvió a denunciar por violencia de género ya de regreso a Macarena (Granada). La sentencia ha generado indignación popular, y representantes políticos y de asociaciones feministas la califican de "desmedida", "injusta" e incluso "cruel".
El juez Piñar, que se adhiere casi en su totalidad a la petición de la defensa de Arcuri, no ha tenido en cuenta la sentencia condenatoria por malos tratos. Es más, acusa a Rivas de "explotar el argumento del maltrato" para obtener su guardia y custodia. El magistrado dice que Rivas llegó incluso a "orquestar una campaña valiéndose de medios de comunicación y organismos públicos", que le dieron su "incondicional apoyo", con la "mal calculada creencia" de que así obtendría ventajas a su favor.
"El argumento de haber huido para protegerse ella y proteger a sus hijos de malos tratos cuando estos no han sido refrendados por una resolución judicial que los declare probados carece de virtualidad justificadora", señala el juez, que añade: "Salvo el episodio de malos tratos ocurrido en 2009 [en referencia a la condena contra Arcuri de 15 meses de cárcel por maltrato], no se ha acreditado otro, ni al mayor de los hijos se han detectado desajustes psicológicos relacionados con malos tratos contra él o por haberlos presenciado hacia la persona de la madre, ni se ha apreciado que la restitución al contexto paterno suponga un grave peligro para su integridad física o psíquica".
Para José Estanislao, abogado de Rivas, la condena es "fundamentalmente injusta e incomprensible", y su argumento "pobre". Al abogado le resulta especialmente chocante que el juez la escribiera el mismo día del juicio. En su opinión, la sentencia es una muestra del "fracaso" del sistema judicial italiano y español, e insistió en que su defendida interpuso una denuncia por violencia de género en julio de 2016 que aún no ha empezado a investigarse tras fallos y retrasos.
Enrique Zambrano, abogado de Arcuri, se mostró "satisfecho" por el fallo porque se trata de una sentencia "rigurosa" y muy detallada".
Varias asociaciones de mujeres, entre ellas la Asociación de Mujeres Juristas Themis, la Federación de Mujeres Progresistas y la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, mostraron en un manifiesto su disconformidad con el fallo, "un compendio de desconocimiento por parte del juez de cómo actúa la violencia de género en las relaciones de pareja". Para las asociaciones, la sentencia "desprecia y ataca a los recursos públicos de asistencia y atención a mujeres víctimas de violencia de género, ninguneando todos sus informes", y "no guarda proporción con otras resoluciones dictadas en supuestos similares".
Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, confió a través de un comunicado en que, mientras que el fallo contra Rivas "no sea firme, no entre en prisión". El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, criticó a los partidos políticos que "empujaron" a incumplir la ley a Rivas, mientras que la portavoz adjunta de Unidos Podemos, Ione Belarra, la califica de "barbaridad".
La viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, la tachó de "machista y patriarcal" además de considerar que es un "despropósito". "Es incluso cruel con la víctima al ignorar completamente la situación de violencia de género que soportaba, añadió en un comunicado. Por ello, el BNG pide su indulto inmediato.
Rosa Fontaína, coordinadora de la Rede Veciñal contra os Malos Tratos de Vigo, sin embargo, no es partidaria del indulto. "No ha de ser indultada, sino tener una sentencia justa. Se mire por donde se mire la sentencia es una barbaridad. Ni siquiera se le quita la patria potestad a un maltratador condenado. Hay una especie de venganza de la justicia hacia las mujeres cuando no hacen lo que el sistema patriarcal dice. No solo condena a una víctima que huyó de los malos tratos, sino que premia a su maltratador haciéndola pagarle una indemnización", se lamentó.
"A una víctima de violencia de género no se le puede recriminar que no haya denunciado antes. Denuncia cuando tiene fuerzas para hacerlo", dijo Fontaíña, que lamentó que el juez no haya tenido tampoco en cuenta en qué situación quedan los menores. "El maltratador es una persona mala e igual que maltrata a una mujer maltrata a un niño y nadie se ha molestado por averiguar en qué situación están los niños allí", advirtió. Se está pidiendo su indulto, pero creo que no debería tener un indulto, sino una sentencia justa. No se pueden permitir este tipo de sentencias
"La justicia está pensada para retroalimentar el sistema patriarcal. Ni siquiera tiene en cuenta la sentencia por malos tratos de su expareja", afirmó María Montenegro, de la Marcha Mundial das Mulleres. En su opinión, una sentencia no puede privar a una víctima de maltrato de la potestad de sus hijos y al mismo tiempo despreocuparse de los menores. "No creo en la justicia para Rivas porque estamos viendo que no defiende a las mujeres", dijo.
