La sección cuarta de la Audiencia de Pontevedra ha rechazado la prescripción de parte de los delitos alegada por los abogados del supuesto líder de los "Miguelianos" y de las pseudomonjas o "consagradas" de la extinta orden religiosa, informaron ayer fuentes del Tribunal Superior de Justicia. Así lo ha hecho tras la celebración, la semana pasada, de una vista para aclarar cuestiones previas al juicio, que se celebrará en esta sala antes de que finalice el año. Estas dos partes están ahora en plazo para presentar sus escritos de defensa, agregan las fuentes.
El abogado Marcos García-Montes, que defiende al principal acusado del caso de los "Miguelianos", Feliciano Miguel Rosendo da Silva, anunció la semana pasada que acudirá a la Fiscalía General del Estado y al Consejo General del Poder Judicial para denunciar presuntas "irregularidades" durante la instrucción.
El fiscal de la causa, Juan Pablo Martínez, solicita 66 años de cárcel para el líder de la extinta Orden y Mandato San Miguel Arcángel por tres delitos contra la libertad sexual, cinco de coacciones, doce contra la integridad moral y uno de asociación ilícita, además de otras seis personas, entre ellas dos pseudomonjas o "consagradas", para las que solicita dos años de prisión por un delito de asociación ilícita.
A la fiscal general del Estado, María José Segarra, el letrado García-Montes pedirá que investigue la formulación de su acusación, que atribuye al líder de los 'Miguelianos' 21 delitos, que retire al fiscal y que nombre otro que actué "con mayor imparcialidad y con objetividad".
Por su parte, al CGPJ solicita que investigue el procedimiento "a ver si encuentra explicación" a algunas de las actuaciones de la jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Tui, de quien critican que mantuvo el procedimiento un año parado, "procesó de oficio" y luego tuvo un "cambio de criterio" que, a su juicio, "tiene que ser examinado".
La abogada Beatriz Seijo, representante legal de varias de las supuestas consagradas, anunció por su parte que al menos ocho personas presentarán demandas en la vía civil "de manera inmediata" contra gente que lleva años realizando afirmaciones "que atentan contra su dignidad".
Los ocho iniciarán la reclamación en la vía civil para solicitar "amparo y protección" y también para pedir que se cese de hacer esas afirmaciones sobre ellos, pues se trata de conductas que "atentan al honor, a la intimidad o a la fama".
Destacan que "sin estar imputadas en el procedimiento ni acusadas ni van a ser llevadas a juicio, se han hecho afirmaciones en torno a su intimidad o a su honor que les afectan a niveles que son intolerables".
La acusación particular, por su parte, solicita un total de 85 años de prisión para el líder de la Orden, al que considera autor de 28 delitos, incluidos delitos de agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas, contra la integridad moral, estafa o apropiación indebida y blanqueo de capitales.
