La ministra de Educación, Isabel Celaá, defendió ayer la "función social" de la "inmensa mayoría" de los centros concertados, y negó que desde el Gobierno haya un ataque o una amenaza a este tipo de enseñanza porque se vaya a cambiar un artículo de la Lomce sobre ella. Lo dijo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al ser preguntada sobre sus reciente comparecencia en el Congreso, donde anunció que cambiaría el artículo 109 de la Lomce, que fija que la programación de plazas concertadas es "por demanda social" y ello a su juicio puede "propiciar en algunos casos que la escuela pública pueda ser considerada subsidiaria de la concertada".
Celaá leyó parte de su comparecencia en la Cámara Baja para recalcar que dijo que la red de centros concertados también forma parte del servicio público educativo y que contribuye "al fortalecimiento de nuestro sistema", pero que "la red pública ha de ser el referente del sistema educativo".
Los centros concertados "desempeñan una función social, que tiene un carácter complementario para cumplir las necesidades de escolarización" y por ello -continuó- "reciben el concierto"; "me consta que la inmensa mayor parte de la red concertada cumple con sus obligaciones y fines sociales".
La también portavoz del Ejecutivo negó que de sus declaraciones se concluya "razonablemente" que este Gobierno vaya a "atacar, retirar y resolver los conciertos o la red concertada". "Es imposible", añadió Celaá.
