Dentro de la Orden y Mandato de San Miguel Arcángel, que se instaló en la "casa madre" de Mougás (Oia), Rosendo estableció una jerarquía con una junta de gobierno, un grupo de consagrados, una madre y un padre general de la vida consagrada femenina, una madre y un padre de la buena huella, dos "bastones" encargadas de redactar el testimonio vital de Rosendo, y hasta una "fiscal".

Esta última, Dolores E.L., que se encuentra entre los acusados, tenía facultades para impartir instrucciones y función de dirección espiritual, proteger el "carisma migueliano", velar por el cumplimiento de los estatutos de la asociación y coordinar las actividades de apostolado, representaciones y coro.

Dentro de la jerarquía, había un sistema de vigilancia del comportamiento, que vela por el acatamiento de la "regla migueliana", implementado por variantes de refuerzo positivo a las actitudes de sometimiento al líder o de instrumentos represivos al individuo o al colectivo ante conductas contrarias al fundador o a la norma. Según relata la fiscalía, sobre la base de este régimen, conseguiría un "temor reverencial" del sujeto sustentado en el temor de quedar excluido del grupo o de sufrir algún mal futuro, ya fuera propio o ajeno, personal o material. "Así se fueron desarollando en el grupo conductas de dependencia afectiva y sometiendo a la voluntad del líder y fundador, concidiendo a su palabra ascendecia divina y consiguiendo la plena sumisión por anulación de la voluntad, dando vía libre al acusado, para intervenir hasta en los detalles más íntimos y personales de sus seguidores", continúa el escrito fiscal. Hasta tal punto era así, que concertó matrimonios entre miembros de la secta e incluso llegó a planificar su descendecia, siempre "con la intención de obtener un beneficio económico y con el fin de fortalecer en control sobre los miembros", según el fiscal. Incluso se permitía dar instrucciones sonre la descendencia de las parejas, repartiendo presevativos.