La investigación por fraude y "obsolescencia programada" que sacudió a Apple por la supuesta manipulación de las baterías en sus iPhone más antiguos llegaba menos de dos meses después de desatarse la locura del voraz consumo tras conocerse el iPhone X.
La obsolescencia programada vuelve a estar sobre la mesa. Los consumidores gallegos cada vez son más conscientes, pero en España -a diferencia de Francia- por ahora hay una laguna legal. A pesar de algunas de las oficinas de consumo municipales en Galicia -y las asociaciones- reconocen que reciben cada vez más consultas y quejas por anomalías de este tipo (constatan la reducción de la vida de piezas de sus electrodomésticos o tecnología), pero no constan denuncias en el epígrafe de 'obsolescencia'. Detrás está la dificultad de demostrar esa caducidad anticipada. Y, con suerte las quejas se van al cajón de los 'defectos de fabricación'.
La investigación en Francia fue iniciada por la asociación francesa 'Alto a la obsolescencia programada', al considerar que Apple, a través del sistema de actualización de sus iPhone, reduce adrede su rendimiento y su duración, con el fin de acelerar su reemplazo.Se trata del primer procedimiento penal en el mundo contra la empresa, sobre el fundamento de la obsolescencia programada", aseguró Emile Meunier, el abogado de la asociación. Y en Francia, se trataba de la segunda investigación de este tipo: antes fue contra el fabricante japonés de impresoras Epson por las mismas sospechas. Según HOP, Epson, entre otras compañías, utiliza "técnicas" para obligar a los consumidores a volver a comprar cartuchos de tinta.
Pero Francia cuenta con legislación al respecto. La ley de transición energética, promulgada el 17 de agosto de 2015 introdujo el delito de obsolescencia programada. Según el código de consumo, este delito puede acarrear penas de hasta dos años de cárcel y una multa de hasta el 5% de los ingresos medios anuales.
"Casi siempre pasan desapercibidos este tipo de fraudes, pero cuando los pillamos hemos de poner toda la carne en el asador para asustar al sector y que se enteren de que, si les pillan, pueden ser sancionados con macromultas". Así lo aseguró el portavoz de Facua- Consumidores en Acción, mostró Rubén Sánchez, en una entrevista. FACUA pidió a la Comisión Europea que investigue el presunto fraude de Apple, y lo mismo ha pedido a la Fiscalía de nuestro país y a las autoridades responsables de consumo. Sánchez advirtió también que este tipo de delitos "están tipificados en el Código Penal español como delitos contra los consumidores y sabotaje informático", e insiste en la necesidad de "investigar" este tipo de fraudes e "invertir más dinero y medios desde las administraciones públicas" a fin de poner en marcha protocolos de control.
Por eso, en España la OCU ha pedido al Gobierno más implicación para evitar la obsolescencia programada. La postura de la organización es clara desde hace tiempo: "OCU cree que se deberían evaluar procedimientos para verificar la vida media de los productos, así como extender el periodo de garantía de los mismos, de manera que sea el propio fabricante el que se encargue de repararlos en caso de defecto". OCU ha realizado varias pruebas con diferentes productos de consumo, en los que ha podido comprobar las diferencias de diseño y reparabilidad. El último caso se realizó con aspiradores, que soportaron cuatro pruebas, menos la última, ya que dejaron de funcionar por el desgaste de una pieza llamada escobillas del motor.
Mientras, la responsable de recursos naturales y residuos de la ONG "Amigos de la Tierra", Alodia Pérez, valoró de forma muy positiva el proceso francés, pero se lamenta de que en España "no exista una ley para juzgarlo". Aún así, cree que si la resolución es favorables "nos podemos beneficiar los demás países". Dicha asociación lidera la campaña "Alargascencia", precisamente para buscar lo contrario a la obsolescencia. Pretenden buscar una "segunda vida" a todo tipo de aparatos electrónicos.
