Victoria Eugenia Álvarez Rodríguez es una mujer gallega condenada por dos delitos de secuestro después de llevarse a sus hijos de Asturias a Ribadeo. La custodia de los niños de 8 y 14 años está en manos de su padre, residente en Gijón.
La mujer se encuentra cumpliendo una condena de dos años de prisión, uno por cada menor, por un delito de sustracción de menores y además ha quedado inhabilitada para ejercer la patria potestad en un periodo de cuatro años. El proceso judicial terminaba hace apenas un mes y concluía que en ambos casos se apreciaron las atenuantes de alteraciones psíquicas por parte de la mujer.
Tras el divorcio de la pareja en el año 2007 la custodia fue entregada a su madre, con un régimen de visitas paternales. Sin embargo, un año después la mujer presentó una denuncia por presuntos abusos sexuales de su exmarido hacia una de sus hijas. Por estos hechos se iniciaron diligencias por parte del Juzgado de instrucción de Castropol, donde se encontraba la vivienda familiar, pero fueron archivadas un año después por la Audiencia Provincial del Principado de Asturias. La expareja entró en una serie de disputas legales que terminaron otorgando la patria potestad íntegra al progenitor.
Dos años huida
Ante la negativa de la mujer a entregar a sus hijos, decidió huir y estuvo en paradero desconocido durante dos años. Junto a los menores se refugió en una casa en Ribadeo. Durante el tiempo que permanecieron ocultos los menores estuvieron sin escolarización y sin ningún tipo de control médico y prácticamente sin salir de casa ante el temor de que alguien les descubriera.
Los padres de la acusada y sus hermanos estaban al tanto del paradero de los tres, pero no han sido condenados ya que el juez considera que no hay pruebas suficientes que indiquen el aprovisionamiento de vivienda o alimentos por parte de éstos hacia la acusada.
Quien sí ha sido condenada por una acusación en calidad de cómplice es la abogada defensora de Álvarez. La sentencia explica que la abogada de la madre mantuvo contacto permanente con su clienta, dándole instrucciones de cómo debía actuar para no ser descubierta por la Policía, por lo que se la condenó a un año de prisión.
