Llegar a comprender una sentencia implica más de un repaso para cualquier ciudadano y, en casi todos los casos, el asesoramiento de su abogado. Pero la tarea se convierte en imposible cuando la persona tiene algún tipo de discapacidad o los implicados son ancianos o menores. La técnica de lectura fácil permite adaptar estos complicados textos y así garantizar que se cumplen los derechos de toda la población, pero su uso todavía es anecdótico. De hecho, los juzgados de Familia de Oviedo presentaron a primeros de este año los primeros fallos con este formato en toda Europa. Galicia todavía está lejos de contar con este servicio, pero la letrada Ana María Castro, experta en discapacidad y dependencia, lo ofrece de manera pionera en su bufete desde 2015 y el año pasado añadió a este servicio la traducción previa de los documentos jurídicos al gallego, tarea de la que se encargan dos técnicos.
"Incluso a los abogados nos cuesta entender algunas sentencias. La lectura fácil permite adaptarlas a diferentes niveles para que puedan ser entendidas por gente con discapacidad intelectual o enfermedades mentales, personas dependientes con dificultades para leer o menores que no tienen la suficiente madurez para comprender estos textos Se pueden introducir dibujos o pictogramas y se seleccionan las partes que interesan, excluyendo, por ejemplo, las leyes citadas por el juez. Lo que se pretende es que entienda por qué gano o perdió, qué le ordena el fallo o si tiene que pagar o recibir algo. Salen encantados con este servicio", destaca Castro.
Desde su bufete de Vilagarcía de Arousa, la experta atiende casos por toda Galicia -el 60% de ellos implican a personas con discapacidad y dependencia- y también ofrece la adaptación a lectura fácil en actuaciones de oficio. Traducir una sentencia con esta técnica supone un trabajo extra de unos 25 días.
"Muchos jueces intentan hacer las sentencias más accesibles cuando la persona tiene problemas, pero la adaptación a lectura fácil debería implantarse y utilizarse de forma gratuita en el ámbito de la justicia. Y también tendría que haber letrados especializados. Hay que recordar que el 10% de la población española tiene algún tipo de discapacidad y que en Galicia vive el porcentaje más elevado de personas sordas", destaca Castro.
La abogada ha traducido al gallego y al formato de lectura fácil en un documento de 16 páginas las Reglas de Brasilia elaboradas durante la XVI Cumbre Judicial Iberoamericana de 2006. Su objetivo es garantizar el acceso a la justicia con plenos derechos de las personas vulnerables.
"Hay gente que no entiende el vocabulario que utiliza el juez cuando le pregunta o que ni siquiera conoce la función de cada uno de los presentes en la sala. El documento establece cómo los jueces, fiscales, abogados, funcionarios, etcétera, deben tratar a las personas con alguna discapacidad. Algunos países adaptaron sus sistemas a las reglas, pero el nuestro todavía no", lamenta.
Castro también cuenta con una amplia experiencia docente y el próximo noviembre ofrecerá en la UNED de Pontevedra un curso de lectura fácil. Al anterior, celebrado el pasado marzo asistieron abogados, algún médico y también profesores puesto que en la enseñanza se recurre mucho a esta técnica con alumnos que tienen trastornos del espectro autista.
Ajustes TSXG
Además de ayudar a que sus clientes accedan al sistema judicial con garantías, la abogada, que tiene una pequeña discapacidad auditiva, ha conseguido que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) estimase su solicitud de ajustes razonables en la sala para poder desempeñar su trabajo en las mejores condiciones.
La novedosa resolución fue emitida en enero: "En salas pequeñas como la de Vilagarcía no tengo problema, pero en la Audiencia Provincial necesito que los intervinientes miren hacia mí para poder leerles los labios. Y ahora el juez tiene que garantizar que será posible".
