La Audiencia de Barcelona ha ordenado investigar las muertes de varios pacientes del servicio de cirugía cardiaca del Hospital Vall d'Hebron en 2015 y su presunta relación con los recortes sanitarios y modificaciones en las listas de espera, denunciadas por un exjefe de este servicio.

En un auto, la Audiencia deja sin efecto el sobreseimiento de la causa dictada en julio de 2016 por el Juzgado de Instrucción 27 de Barcelona al estimar el recurso interpuesto por el doctor Manuel Galiñanes, que fue cesado por el Instituto Catalán de la Salud (ICS) de su cargo de jefe de servicio de cirugía cardíaca del Vall d'Hebron en noviembre de 2015 por no cumplir, supuestamente, los requisitos para el puesto, tras atribuir varias muertes a los recortes sanitarios decretados por la Generalitat de Cataluña.

El tribunal de la sección 21 de la Audiencia de Barcelona considera ahora que "se debe determinar si ha existido una posible relación causal" entre el fallecimiento de 8 pacientes y "la actuación de los gerentes del hospital" de Vall d'Hebron.

En su auto, que avanza hoy "La Vanguardia", la Audiencia de Barcelona dispone dejar sin efecto la resolución del Juzgado de Instrucción "para que se practiquen las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los escritos contenidos en el escrito de denuncia".

Galiñanes recurrió el archivo de la causa por considerar que los hechos por él denunciados podrían constituir un delito de prevaricación, homicidio por imprudencia o malversación de caudales públicos.

El objeto de la denuncia interpuesta por el doctor Galiñanes es "la presunta manipulación, supuestamente por la gerencia del hospital, de las listas de espera de los pacientes dependientes de dicho servicio con problemas graves de corazón, así como los recortes presupuestarios de la sanidad pública referidos a dicho servicio, concretamente a los quirófanos y camas, que han podido causar el fallecimiento de una serie de pacientes", en concreto hasta 8, que identifica con el número de paciente.

Según el auto de la Audiencia, el juez instructor archivó la causa con efectos de cosa juzgada "considerando que los recortes al sistema médico causados por la crisis no pueden ser objeto de control judicial al ser una decisión política económica" y con unas consideraciones y conclusiones que las juezas de la sección 21 de la Audiencia Provincial de Barcelona manifiestan que no pueden compartir.

En el auto, el tribunal afirma que si los hechos denunciados fueran ciertos "podrían integrar, por lo menos, diversos delitos de homicidio en comisión por omisión o por imprudencia, sin perjuicio de otras eventuales calificaciones jurídicas" y que "el hecho que Fiscalía haya archivado sus diligencias procesales no vincula ni prejuzga".

Además, en la resolución considera "esencial" que un médico especialista forense elabore el informe acerca de la causa de los fallecimientos denunciados, como regula la LOPJ, e informe de que, si las intervenciones programadas se hubieran llevado "a cabo en la fecha señalada, el resultado de muerte se hubiera podido evitar".