Aunque el juicio por el caso de la joven Desirée Vila, la gimnasta que sufrió la amputación de su pierna por una presunta negligencia médica, finalizase la semana pasada varias causas que derivan de él permanecen abiertas.
Tras el cierre de las diligencias en marzo de 2016 y la apertura de juicio oral contra el traumatólogo P.M.L.P. por un delito de lesiones por imprudencia grave, la juez instructora requirió al médico acusado, al centro médico El Castro en el que fue operada la deportista y a las compañías aseguradoras la presentación de una fianza de más de tres millones de euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias o indemnizaciones que pudieran imponérseles en caso de condena.
El pago de esta fianza, que motivó el embargo de la propiedad del centro médico vigués situada en la calle Manuel Olivié número 11, es decir, el propio edificio sanitario, también provocó, según explicaron fuentes judiciales consultadas, la entrada de El Castro en preconcurso de acreedores. Fue el pasado 16 de noviembre cuando el centro médico vigués se acogió a esta medida. Su finalidad reside en renegociar la deuda con los acreedores y blindar su futuro para no tener que solicitar su entrada oficial en concurso de acreedores.
El centro médico El Castro, desde su acogida al preconcurso, disponía de cuatro meses para llegar a un acuerdo de refinanciación con sus acreedores. Transcurridos dos de estos meses, dispone ahora hasta principios del mes de marzo para dar con una solución. Abogados del centro médico afirman que ya se ha hecho entrega de una póliza de 60.000 euros además de la garantía del inmueble embargado meses atrás. No precisaron, por la contra, si la fianza ya fue depositada en su totalidad o no.
Por su parte, la defensa del médico acusado en este caso, Manuel Carpintero, volvió a reiterar las "irregularidades" que se produjeron en torno a este procedimiento. Resaltó Carpintero que no se le permitió contar con la totalidad de "testigos peritos e informes periciales requeridos al no ser citados judicialmente, por lo que no pudieron dar su versión de lo sucedido". Explicó además el letrado que este caso debería haberse tratado por medio de la vía civil y no penal, "y debería de haber muchos más implicados, como las aseguradoras del gimnasio Flic-Flac donde se lesionó la niña". Denunció además la "focalización judicial en el centro médico El Castro y obviar también un estudio sobre la clínica Povisa, último centro que atendió a la joven".
