03 de diciembre de 2016
03.12.2016

La juez de Tui estudia prorrogar la prisión a Miguel Rosendo

El Juzgado acusa ahora al líder de los miguelianos de un delito contra la Hacienda Pública, que la defensa niega de forma rotunda

03.12.2016 | 02:20
Miguel Rosendo. // José Lores

La Juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Tui estudia prorrogar la cárcel del líder de la Orden y Mandato de San Miguel, Feliciano Miguel Rosendo Da Silva, pues el día 14 se cumplen dos años desde su entrada en prisión provisional comunicada y sin fianza, como autor de los supuestos delitos de asociación ilícita y abusos sexuales al frente de la extinta orden.

Ayer se celebró una vista en el Juzgado tudense para decidir al respeto a la vez que se conocía oficialmente una nueva acusación contra Rosendo y su familia: Delito contra la Hacienda Pública, cuyos indicios, hasta ahora al menos, no habían substanciado una acusación formal.

Mientras la Audiencia ya ha rechazado un recurso para que Rosendo quede en libertad a la espera de juicio, parece que el líder de los "miguelianos" tiene pocas posibilidades de esperar fuera de la cárcel el juicio toda vez que tanto Fiscalía como acusación particular remacharon ante el Juzgado el riesgo de fuga, todavía más acrecentado por la nueva acusación económica.

La abogada de la acusación, que representa a varios afectados de la conocida como supuesta "secta de Oia", ha solicitado añadir el delito de blanqueo al de contra la Hacienda Pública y ha planteado, al igual que la Fiscalía, ampliar la prisión provisional de Miguel Rosendo. Considera la acusación que existe riesgo de fuga y de que pueda influir en los testigos, al contrario de lo que sostiene la defensa, que ha solicitado su puesta en libertad.

El líder de la Orden y Mandato de San Miguel Arcángel, Miguel Rosendo, y su hija han comparecido por videoconferencia --él desde prisión y ella desde Collado Villalba (Madrid)--

Según la abogada de la acusación, Ana Reguera, Miguel Rosendo declaró que "no recibió ningún dinero" de las donaciones a la Orden y que él no se encargaba de las cuentas".

La abogada de Miguel Rosendo, María Teresa Quintana-Drake, ha mantenido que el supuesto delito contra la Hacienda Pública "no existe", porque la propia Agencia Tributaria dice en su informe que el patrimonio de los cuatro familiares juntos "excede en 2.000 euros" el límite para poder considerarse como tal, si bien la cantidad debería ser a título individual, "no en conjunto".

Además, en cuanto a las declaraciones de Rosendo, ha dicho que ha dejado "clarísimo" que sabe que había donaciones pero que desconocía los montantes, no las recibía personalmente ni se encargaba de pedir dinero, siendo otras tres personas las que se hacían cargo de ello. "Que digan los tesoreros dónde está el dinero", indicó.

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