El Gobierno deberá reformar el modelo de canon digital que aprobó en 2012 después de que el Tribunal Supremo haya decidido anular este sistema que cargaba a los Presupuestos Generales del Estado la compensación que reciben los autores por las copias que hacían los particulares de sus obras.
Un sistema "indiscriminado", según las entidades de gestión de derechos de autor, que hizo que España se convirtiera en el único país de su entorno que pagaba con dinero público la remuneración por copia privada.
Una medida que, dicen, perjudicada además a los titulares de derechos de autor, que vieron cómo sus ingresos por este concepto se reducían de forma considerable, de tal forma que, según aseguró ayer Magdalena Vinent, la presidenta de Adepi, asociación integrada por las ocho entidades de gestión en España, los autores han dejado de percibir 500 millones de euros en estos años.
De hecho, Rafael Sánchez, directivo de EGEDA -una de las entidades demandantes-, ha recordado que las cantidades perdidas correspondientes a 2012, 2013, 2014 y 2015 ya se han recurrido y lo mismo harán con las de 2016 para reclamar una indemnización, ya que "sólo han percibido cinco millones al año en lugar de la justa compensación" que se calculó en unos 115 millones por ejercicio.
El Tribunal Supremo ha estimado así parcialmente el recurso presentado por las entidades de gestión contra el Real Decreto 1657/2012 que regula dicho procedimiento, después de que el pasado mes de junio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea considerara inválido este sistema.
Las entidades consideraban que la norma, que sustituyó al canon anterior que había fijado el PSOE, era contraria a la legislación europea, por costear la compensación con el presupuesto estatal en lugar de exigir que sea el usuario de la copia privada quien la pague.
Según aseguró ayer el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, el Gobierno aprobará tras esta decisión judicial un "sistema alternativo que satisfaga la jurisprudencia europea y la española".
La regulación en España del mismo fue provisional y transitoria, a la espera de que en la UE hubiese una directiva clara", argumentó el ministro y portavoz del Gobierno en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.
Adepi considera que la sentencia exige "la inmediata reforma de un sistema que, ya sin excusas, es ilegal", para lo que ha expresado su plena disposición para ayudar al Gobierno a afrontar con "rapidez y eficacia" la modificación.
Su presidenta ha señalado que la sentencia "hace justicia" y supone el "desmantelamiento" de un sistema construido de forma "arbitraria y absurda" y que "tanto perjuicio ha causado" en estos años.
