Los dos procesos interpuestos contra el Concello de Santiago por haber declarado el boicot a Israel, sus instituciones y representantes en cualquier proyecto agrario, educativo, comercial, cultural o de seguridad, comprometiéndose el Concello a apoyar activamente dichos boicots promovidos por la organización BDS, podrían ser condenatorios, de seguirse la línea jurídica que hasta el momento ha fallado en ese sentido en los más de 50 casos precedentes. La organización Acción de Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), impulsora de dichos recursos, y que en Galicia cuenta con el respaldo de la Asociación Galega de Amizade con Israel, sostiene que el desenlace de los recursos contra el ayuntamiento que gobierna Compostela Aberta, lleva camino de la amonestación después de que el Juzgado 4 de Oviedo dictara el pasado 25 de mayo una sentencia que anula y deja sin efecto el boicot contra Israel adoptado por el Ayuntamiento de Langreo. Además, varios fiscales que intervienen en procesos contra acuerdos BDS en España se unen a la petición de que sean anulados.

Frente a la idea de que los acuerdos institucionales de boicot son el resultado de la libertad de expresión de los concejales, el fiscal mantiene que la libertada amenazada es la libertad de expresión de quienes simpatizan con Israel y con el pueblo judío, o la de quienes sostienen o desean mantener en privado una opinión distinta a los objetivos de la campaña de boicot.

"Las manifestaciones de la libertad ideológica de los titulares de los poderes públicos, sin la cual no sería posible ni el pluralismo ni el desarrollo del régimen democrático ha de armonizarse en su ejercicio con el necesario cumplimiento del deber positivo inherente al cargo público de respetar y actuar en su ejercicio con sujeción a la Constitución, y por ello, si se pretendiera modificarla, de acuerdo con los cauces establecidos por la misma", recuerda el fiscal. Deberes constitucionales entre el que se encuentra el del artículo 103.1 de la Constitución, que obliga a la Administración a servir con objetividad los intereses generales.