La Comisión Europea va a investigar al Estado español tras una denuncia presentada por la Asociación Galega contra o Maltrato a Menores (Agame), la Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos de Vigo y el grupo de investigación Antígona de la Universidad Autónoma de Barcelona, que aporta datos que demuestran que no se están cumpliendo las directivas europeas en materia de protección de víctimas de violencia de género y víctimas menores de edad. Además, plantean un sesgo de género en el funcionamiento de la justicia española.
Representantes de estos colectivos viajaron a Bruselas para debatir sobre "O sesgo machista na aplicación das políticas: o caso da xustiza" invitadas por la parlamentaria europea de AGE, Lidia Senra.Allí registraron, ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, una demanda de treinta y cinco folios en los que explican las situaciones a las que se enfrentan en el día a día como voluntarias que ayudan a mujeres víctimas de malos tratos y a los menores que muchas veces se ven implicados.
"Llevamos mucho tiempo luchando contra estos temas, lo que les enviamos es un análisis de lo que no está cumpliendo", explica Rosa Fontaíña, coordinadora de la Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos de Vigo, que mañana se reune con el juez decano de Vigo para plantearle los problemas con los que se encuentran en los juzgados de Vigo, donde el reducido espacio implica que víctimas y agresores se encuentren cara a cara antes de la vista y la dificultad de tener que enviar un fax con antelación para solicitar que haya un biombo en la sala para que la víctima no tenga que ver a su agresor mientras declara; ambas son circunstancias que están recogidas en la legislación estatal.
Cecilia Wikström, presidenta de la Comisión de Peticiones, les ha remitido una carta en la que explica que se pone en marcha dicha investigación y que le deriva la información que le han facilitado a las Comisiones de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género para informarlas.
En la demanda también se solicita que la justicia española erradique la aplicación del supuesto "síndrome de alienación parental" que, según explica la coordinadora de AGAME, Estrela Gómez, "es muy frecuente en Galicia". "Tenemos muchos casos como este: en un juicio por maltrato, si los niños declaran que el padre maltrataba a su madre y que tenía una conducta vejatoria hacia ellos, el juez puede pasar por alto la recomendación del psicólogo y alegar que la madre los alienó para que dieran esa respuesta", relata Gómez. "Casi no hay ninguna madre que utilice a sus hijos contra el padre agresor, quieren que vayan contentos con él", añade Fontaíña.
