La Audiencia Provincial de A Coruña ha decretado la apertura de una pieza separada en relación a la supuesta apropiación indebida por parte de Marina Castaño del IVA procedente de obras realizadas en la Fundación Cela, al tiempo que ha rechazado los recursos relativos al cierre de la instrucción por malversación de fondos públicos en la Fundación Cela y ha ratificado que la causa será juzgada por un jurado popular.

Así se pronunció la Audiencia Provincial en respuesta a un recurso conjunto presentado por la defensa de la viuda del Nobel gallego y por la representación del que fue gerente de la Fundación Cela, Tomás Cavanna, ambos investigados por supuestas irregularidades en la gestión de esta entidad junto con el exconselleiro Dositeo Rodríguez y su hija, Covadonga Rodríguez. En este auto, la Audiencia estima parcialmente el recurso en lo relativo a la posible apropiación indebida del IVA de obras realizadas en la Fundación Cela como en la supuesta contratación fraudulenta de un empleado a cargo de la entidad para labores privadas.

Sobre la primera cuestión, la Sala reconoce que las cuestiones relativas a las devoluciones del IVA "no son enjuiciables por el tribunal de jurado", como el resto de la causa por malversación de caudales públicos, "ni pueden considerarse conexos con los anteriores".

En particular, recuerda que estos hechos se produjeron "con anterioridad a mayo de 2010", es decir, cuando la Fundación Cela "era de naturaleza privada", así como las entidades supuestamente implicadas, por lo que "los recurrentes no actuaban como funcionarios públicos a efectos penales".

Para que esta causa se juzgue en su cauce pertinente, la Audiencia Provincial ordena al juzgado instructor que "proceda a deducir testimonio" de los elementos de relevancia sobre estos hechos y que, previo reparto, se forme una "causa separada en el juzgado competente" para "depurar las responsabilidades en las que pudrían haber incurrido" tanto Castaño como Cavanna por "apropiación indebida".

En un informe pericial incluido en la causa, al que tuvo acceso Europa Press, se señalaba que la entidad Lengua y Literatura, Agrupación de Interés Económico (AIE), constituida con capital de la Fundación Camilo José Cela (al 80%) y Marina Castaño (20%), absorbió el IVA de las obras de rehabilitación de dos inmuebles pertenecientes a la entidad, que fueron subvencionadas con fondos públicos.

Lengua y Literatura se constituyó el 27 de julio de 1998 con un fondo operativo de 500.000 pesetas y su objetivo social era "administración, tenencia, rehabilitación, explotación y arrendamiento de inmuebles que sean propiedad de sus socios", es decir, gestionaba fundamentalmente propiedades de la Fundación Cela. La aportación de Marina Castaño se hizo a través de la sociedad Letra y Tinta SL, que dirigía la periodista desde Madrid.

El informe pericial, apuntaba a que la AIE "recuperó el IVA en las facturas pagadas por la rehabilitación y equipamiento de las casas números 5 y 8 de los canónigos (parte del complejo en donde se asienta la fundación)", que fundamentalmente fueron subvencionadas con "fondos públicos". Según constataba este mismo documento, la "recuperación del IVA" fue la "causa primordial y única" de la creación de la agrupación de interés económico, para lo que se basaba en el acta fundacional.